Los conductores exigen al Gobierno respuestas ante el aumento de precios del carburante, tras la derogación del subsidio de la petrolera estatal Petropar que partió del Congreso y después fue promulgada por el Poder Ejecutivo.
A esto suman la exigencia de pruebas en el caso de la detención de cinco dirigentes del sector por un supuesto delito de extorsión, al exigirle al Gobierno el pago de 50 mil dólares para no realizar movilizaciones en Semana Santa.
El hecho fue denunciado por el ministro del Interior, Federico González, a quien los acusados presuntamente solicitaron además el desembolso de un millón de dólares para evitar los cierres de rutas por el resto del mandato del presidente Mario Abdo Benítez.
La medida de fuerza, que puntualizaron será por tiempo indefinido, fue aprobada durante una reunión efectuada este sábado por los gremios de camioneros, que aseguraron cómo no bajarán los brazos hasta obtener una respuesta favorable ante la gravedad de la situación.
Mientras esto sucede, el senador del movimiento Honor Colorado Enrique Riera anunció que este lunes presentará ante la Cámara Alta un proyecto de ley que pretende evitar los cierres intermitentes de vías que afectan la libre circulación de la ciudadanía.
Su iniciativa propone la imposición de una sanción de cinco años de privación de libertad para quienes cometan tales hechos.
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