Según el periodista Jamil Chade, del portal UOL, el documento enviado a las autoridades brasileñas el 7 de abril forma parte de un examen que el organismo internacional realizará sobre las políticas de derechos humanos en curso en el país.
Uno de los extractos pide a la administración federal que «responda a los informes sobre los altos niveles de mortalidad de la Covid-19 y describa las medidas adoptadas para impedir las muertes evitables».
Brasil acumula 661 mil 960 vidas perdidas y 30 millones 252 mil 618 infectados por el virus desde el inicio de la pandemia en febrero de 2020, de acuerdo con el más reciente boletín del Ministerio de Salud.
La ONU también demanda a Bolsonaro que describa las medidas adoptadas para proteger a los grupos vulnerables contra la dolencia, como los afrobrasileños, las mujeres embarazadas y los pueblos indígenas.
Asimismo, proporcione estadísticas sobre las tasas de mortalidad por el patógeno dentro de estos segmentos en comparación con la población general.
El portal Brasil de Fato indica que la gestión de Bolsonaro resultó criticada públicamente en el momento de la presentación del documento, cuando el relator especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Voule, cuestionó la extinción de 650 consejos nacionales de participación.
Durante una visita al gigante suramericano el 8 de abril, Voule alertó acerca de los efectos negativos de restringir la participación popular en los debates sobre políticas públicas de salud, educación, medio ambiente y derechos humanos.
Chade recuerda que no hay ningún castigo previsto por la ONU ante el pedido de explicaciones, pero es una erosión más de la imagen internacional de un presidente que tiene muchas dificultades para establecer un diálogo con otros líderes a nivel mundial.
En tal sentido, una eventual conclusión negativa del comité sobre el tema podría alimentar las denuncias existentes en la Corte Penal Internacional contra el mandatario de tendencia ultraderechista.
Al menos cinco imputaciones llegaron a ese tribunal en relación con la gestión del Ejecutivo durante la pandemia.
El último fue el informe final de la Comisión Parlamentaria de Investigación que evaluó el desempeño gubernamental ante la Covid-19, entregado en febrero, en el que se acusa a Bolsonaro de nueve delitos, entre ellos contagio con resultado de muerte y crimen de lesa humanidad.
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