El Comité Permanente de ese órgano abrió el cónclave precisamente con la presentación del texto para someterlo a una segunda lectura.
Según trascendió, plantea crear un mecanismo obligatorio de detección y presentación de informes que busca identificar y gestionar rápido los delitos contra las féminas, incluido el tráfico.
La propuesta orienta a las instituciones de registro de matrimonios, gobiernos locales y las asociaciones de mujeres a informar a la policía si sospechan sobre casos de trata o secuestro.
Surge en medio de una ofensiva del Estado y el llamado de expertos que urgen mano dura contra el tráfico de mujeres, rescatar a las secuestradas y elevar las penas a los compradores, pues con frecuencia las violan, obligan al trabajo forzado y maltratan a las víctimas.
Todas esas iniciativas siguen a la conmoción nacional que causó recientemente el caso de abuso contra una fémina con esquizofrenia en la provincia oriental de Jiangsu.
En un video circulado en las redes sociales se le ve encadenada en el cuello y con poca ropa.
Según una investigación oficial, la víctima se nombra Xiaohuamei, nació en la sureña provincia de Yunnan en 1977 y comenzó a vivir en el distrito de Fengxian de Jiangsu con un hombre de apellido Dong desde junio de 1998.
El padre de Dong la compró y durante todo ese tiempo ella tuvo ocho hijos.
La policía arrestó al marido por cargos de abuso, el gobierno local sancionó a 17 funcionarios y abrió una campaña en toda la provincia para detectar y castigar los delitos que infringen los derechos de las féminas y los niños.
A raíz de este incidente, legisladores y asesores políticos de China instaron a poner bajo la lupa a las aldeas rurales por ser los sitios más propensos a registrar el fenómeno, así como la promoción de mayores oportunidades de desarrollo en las economías locales para las mujeres.
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