En el país asiático este tipo de contrato financiero es necesario para el cobro de los salarios, el pago de alquiler, el acceso a planes de telefonía celular y otros servicios necesarios sin los cuales resulta casi imposible llevar una vida normal, destacó el periódico Asahi Shimbun.
De acuerdo con las autoridades del orden, la ausencia de ciertas oportunidades podría conducir a la reincidencia delictiva de personas que habían cortado sus vínculos con el crimen organizado, reseñó el medio.
En febrero pasado, la ANP estableció las pautas a seguir por los departamentos de cada prefectura para viabilizar los trámites de asistencia a expandilleros y notificó a las instituciones financieras sobre tales medidas.
La decisión final la tienen los bancos que, por lo general, rechazan las solicitudes de exdelincuentes ante la posibilidad de que utilicen las cuentas para actividades ilegales asociadas a la yakuza (mafia japonesa), precisó el rotativo.
Como parte de los requisitos, los futuros clientes bancarios deben pertenecer a alguna de las empresas colaboradoras, disponibles en todas las demarcaciones niponas, que ofrecen empleo a este tipo de individuos en virtud de la ley contra la delincuencia organizada.
De concretarse el convenio, la policía y los mencionados centros colaboradores vigilarán el desenvolvimiento social de los que una vez fueron gánsteres y responderán por ellos ante las entidades crediticias.
Medidas como estas conforman la estrategia de Japón para alentar a los mafiosos a desertar de su mundo de criminalidad.
Según un informe oficial, en 2020 se registraron en territorio japonés 25 mil 900 miembros o casi miembros de grupos yakuza, alrededor de un 70 por ciento menos de los existentes en las tres décadas anteriores.
jf/lcp
