Durante su presentación indicaron que constituye un plan de acción interinstitucional derivado de las vulnerabilidades y amenazas detectadas en la Evaluación Nacional de Riesgos emitida en el 2021.
La estrategia recopila las principales acciones que deben seguir las instituciones clave del Estado para mejorar en el combate a estos delitos.
Entre sus objetivos resaltan proveer insumos para el mejoramiento del régimen antilavado y contra el financiamiento al terrorismo (ALA/CFT), en términos de la implementación de acciones y generación de políticas públicas.
Asimismo, ayudar a las autoridades competentes a priorizar y asignar recursos para la operación del sistema ALA/CFT, incluyendo las acciones en sus planes operativos.
Además, complementar la gestión de enfoque basado en riesgos que deben realizar los sujetos obligados desde la base de la prevención y los demás sectores e instituciones de manera que se desarrolle una labor con un objetivo común.
Puntualizaron que esta labor responde a la atención de los Estándares Internacionales dictados por el Grupo de Acción Financiera Internacional y atiende una realidad nacional frente al delito, planteada desde una línea de trabajo conjunto que oriente los esfuerzos institucionales y del sector privado con acciones puntuales de mitigación.
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