Tras una interrupción por Semana Santa, las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta del Congreso retomaron la víspera el análisis sobre la creación de un fondo nacional con tal propósito.
En la cita participaron varios especialistas, entre ellos algunos en representación del opositor Juntos por el Cambio.
De acuerdo con la agenda prevista, los intercambios sobre el tema continuarán a las 14:00, hora local, de hoy y los senadores emitirán un dictamen con algunas modificaciones, el cual será nuevamente analizado la semana próxima.
La propuesta del FdT está conformada por dos documentos, el primero de los cuales, el 535, propone recuperar divisas perdidas por fuga de capitales y evasión fiscal para pagar la deuda de alrededor de 45 mil millones de dólares contraída por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019).
Mientras, el 536 modifica la Ley 21.526 de Entidades Financieras, para actualizar las excepciones en materia de secreto bancario, bursátil y fiscal.
Quienes se beneficiaron de los recursos del FMI, propiciaron la fuga de divisas y no las declararon, acto profundamente lesivo para los contribuyentes de nuestra nación, indica un comunicado de los senadores del Frente.
Son ellos quienes deben hacer el mayor esfuerzo contributivo y a quienes apunta este proyecto de ley. Es un acto de estricta justicia distributiva, tributaria e histórica, agregaron.
Existen unos 400 mil millones de dólares en el exterior de residentes argentinos y menos de una tercera parte están declarados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos. Así lo demuestran los Papeles de Panamá, Paradise y Pandora, entre otros informes de organismos públicos y privados, añade.
Los senadores aclaran que el aporte propuesto debe ser pagado por quienes posean bienes en el exterior sin declarar, estén involucrados en el lavado de dinero y evadan impuestos, por lo que no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los ciudadanos.
Dichas personas deberán abonar en dólares el 20 por ciento de sus posesiones no declaradas y un 35 por ciento en caso de tardar seis meses después de la entrada en vigor de la normativa.
Quienes incumplan lo anterior podrán ser condenados a penas en prisión.
jcm/gas
