Por otro lado, respaldó al Acuerdo Nacional -foro de concertación en la que participan partidos, organizaciones sociales y empresarios, entre otros- escogido por el mandatario para buscar consenso en torno a los cambios, cuestionado desde fuera y dentro del Gobierno
Sobre la mención de su nombre para el cargo, Bermejo declaró al diario Uno sobre la decisión del jefe de Estado que “si en algún momento me lo propusiera, él sabe muy bien cuál es mi opinión al respecto”.
“Yo estoy dispuesto a asumir el cargo que él me proponga, con esta línea de acción: resolución de conflictos, que los nuevos contratos (de empresas con el Estado) apuesten por la industrialización y materialización de la segunda reforma agraria”, agregó.
Bermejo participó en las reuniones convocadas por Castillo para tratar la crisis, con el cardenal Pedro Barreto, el excanciller Óscar Maúrtua y el secretario del Acuerdo Nacional, Max Hernández.
Sobre el planteamiento de Barreto, de que el nuevo gabinete ministerial no se formará con el criterio de reparto de carteras por cupos políticos, dijo que está plenamente de acuerdo.
“A mí me causa mucha preocupación que cada bancada política crea que necesariamente le corresponde un ministro, dos ministros, porque así no funciona el Estado”, manifestó.
Entretanto, causó gran impacto la dura crítica lanzada por el primer ministro, Aníbal Torres, a Barreto y Hernández y al mismo Acuerdo Nacional; a los dos primeros por no reconocer lo que considera obra del Gobierno en favor de las clases desfavorecidas.
En una entrevista, calificó como imbécil al cardenal, aunque después alegó que no quiso ofenderlo y solo usó una frase coloquial al no recordar su nombre.
Sin embargo, la declaración fue rechazada por la Conferencia Episcopal (asamblea de obispos) y avivó los ataques contra Torres, sobre todo desde la extrema derecha, donde la legisladora Patricia Juárez sostuvo que se trata de una provocación del ejecutivo.
Según la congresista, el Gobierno busca la censura parlamentaria del primer ministro, con lo que caería todo el gabinete ministerial, algo que, de repetirse, autorizaría a Castillo a disolver constitucionalmente al Congreso de la República.
Según Juárez, la oposición no teme ese desenlace y mantiene la opción de la vacancia (destitución), que podrá producirse ante alguna nueva denuncia convincente de corrupción contra Castillo.
La extrema derecha cuestiona además al Acuerdo Nacional como indicado para tratar la crisis y prefiere que el diñalogo se dé en el Consejo de Estado, integrado por los titulares de los poderes del Estado y otras instituciones oficiales.
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