Se trata de un trato para el reparto de la carga de esas emisiones dentro de la UE, cuando los países están dispuestos a aceptar los objetivos nacionales propuestos por Bruselas.
Esas propuestas surgieron el año pasado y ahora parecen tener cercanía a concretarse, señaló el borrador del documento y los criterios de diplomáticos.
La política de reparto de esfuerzos de la UE establece objetivos nacionales para que sus 27 Estados miembros reduzcan las emisiones en sectores como el transporte y los edificios, y lograr así un recorte del 40 por ciento de emisiones relevantes para 2030, respecto a 2005.
Según el proyecto Suecia, Finlandia, Alemania, Dinamarca y Luxemburgo estarían obligados a reducir emisiones de los sectores correspondientes en 50 por ciento para 2030, con respecto a los niveles de 2005, frente a un recorte del 10 para Bulgaria y del 12,7 para Rumanía.
Para alcanzar los nuevos objetivos habría que adoptar medidas más ambiciosas de reducción de emisiones, como la renovación de los edificios que consumen combustibles fósiles y la sustitución de las calderas de gas por bombas de calor.
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