El pasado 7 de abril el Gobierno y el Banco Central, cuyas posiciones sobre las criptodivisas tienen puntos divergentes, finalmente encontraron un lugar de coincidencia: no habrá reconocimiento de estos activos como medio de pago.
Lo afirmó el primer ministro, Mijaíl Mishustin, ante la Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento): “Estamos en contra del reconocimiento de las criptomonedas como medios de liquidación o dinero (…). Aquí estamos en solidaridad y compartimos la posición del Banco Central”.
El jefe de Gobierno añadió que la nación euroasiática contempla discutir el desarrollo de la minería, pues pudiera “estimular la inversión, principalmente en capital fijo”.
Se trata de un tema que ha estado en el candelero durante todo este año, pues mientras la principal entidad reguladora del país insiste en la prohibición total de las criptomonedas, al considerarlas una amenaza para el sistema financiero, en la cartera correspondiente analizan si establecer los términos para su empleo.
En ese camino dieron pasos de avance en el mes de febrero, cuando el Gobierno de Rusia aprobó un concepto de regulación de la circulación de monedas digitales, basado en las propuestas del Ministerio de Finanzas (MFR), y el Ministerio de Hacienda presentó un proyecto de ley al respecto.
CAMINO A LA REGULACIÓN
De acuerdo con el concepto de regulación que recibió luz verde el 8 de febrero, la circulación de estos activos digitales será reglamentada por el Estado, con obligaciones estrictas para todos los participantes profesionales del mercado y la protección de los derechos de los inversores ordinarios como centro de preocupación.
El objetivo es integrar el mecanismo para su uso en el sistema financiero y “garantizar el control de los flujos de dinero en el circuito de las entidades de crédito”, según el comunicado gubernamental que dio a conocer el proyecto.
Para ello la normativa contempla desde la división de los inversores en cualificados y no cualificados -a partir de los requisitos exigidos en el otorgamiento de licencia para los sitios de intercambio de criptomonedas-, hasta la obligatoriedad de contar con colchones financieros de seguridad para la liquidez y la adecuación del capital.
La aplicación del concepto debe garantizar la creación del marco legal necesario para sacar a la industria de la moneda digital de las sombras y abrir oportunidades de comercio legítimas, o al menos eso esperan sus promotores, con el MFR a la cabeza.
El concepto responde a todos los riesgos enunciados por el Banco de Rusia, sostuvo el viceministro de Finanzas Alekséi Moiséyev, quien insistió en que la formulación descarta la posibilidad de que aparezca un sistema financiero paralelo en el país e introduce reglas de juego claras para los agentes del mercado, además de crear herramientas que protegerán los derechos de los inversores.
“Si se introdujera una prohibición, todos ellos podrían convertirse automáticamente en infractores de la ley”, enfatizó el vicetitular, y añadió que son millones de personas las involucradas, pues Rusia ocupaba en 2021 el puesto 18 a nivel mundial en cuanto al uso de estos activos digitales.
TEMORES DEL BANCO CENTRAL
A pesar de todos esos elementos, la presidenta del Banco Central de Rusia (BCR), Elvira Nabiúllina, todavía considera que “el concepto” no descarta los riesgos existentes y deja espacio para nuevas amenazas.
La posición de esa entidad fue clara en el informe Criptomonedas: tendencias, riesgos, medidas, emitido el 21 de enero pasado, donde proponían prohibir a nivel legislativo en el país la emisión, el minado, la organización de circulación y el intercambio de criptomonedas.
La propuesta de interdicción se extendía al uso de la infraestructura del mercado financiero nacional para todas las transacciones de este tipo, a la par que planteaba imponer responsabilidad por las infracciones derivadas del incumplimiento de lo establecido.
¿Qué teme el BCR? En primer lugar, que se ponga en riesgo al rublo ruso, una moneda que no es usada como reserva internacional y, por tanto, no permite adoptar un enfoque flexible respecto a las criptodivisas, en consideración de esa institución.
En este sentido advirtieron que la fuga de capital del sistema financiero tradicional al mercado de criptomonedas podría disminuir la financiación de la economía real.
“Esto tendrá un impacto negativo en el desarrollo económico, reducirá la tasa de crecimiento potencial de los ingresos de los ciudadanos y aumentará el desempleo”, alerta el reporte bancario.
A ello se suma, desde el punto de vista de la balanza de pagos, que la compra masiva de activos digitales por parte de la población pudiera provocar la salida de capitales del país y el debilitamiento del rublo.
La preocupación ambiental también figura entre los argumentos del ente regulador, que asegura que la tendencia a aumentar el peso de Rusia en la minería tiene el potencial de acrecentar su huella de carbono y dificultar el alcance de los objetivos de sostenibilidad del país.
ENCONTRAR EL PUNTO MEDIO
Las alertas del BCR aceleraron los debates en torno a la regulación, donde cada bando expone sus razones.
El Ministerio de Desarrollo Digital, Comunicaciones y Medios Masivos, por ejemplo, llamó la atención acerca de las consecuencias que tendría en ese sector una prohibición de las criptomonedas, al considerar que se reduciría drásticamente el desarrollo de las tecnologías de la información y el país dejaría de ser competitivo en ese campo.
Otras voces, como la del fundador del servicio de mensajería Telegram, Pável Dúrov, apuntaron que una decisión negativa provocaría la salida de especialistas de esta rama y paralizaría el avance de la tecnología blockchain, cuya aplicación mejora la eficacia y seguridad de muchas actividades, desde las finanzas hasta el arte.
Acotó que es poco probable que la proscripción detenga a los actores desleales y, por el contrario, sí pondría fin a los proyectos rusos legales en este ámbito.
“La criptomoneda es una herramienta conveniente para la inversión”, aseveró por su parte el director de Controles Reglamentarios de la organización sin fines de lucro Tsifrováya Ekonómika, Dmitri Ter-Stepánov.
Significó que sería una vía de entrada de capital foráneo a las nuevas empresas y entidades de innovación, que actualmente solo pueden recibir ese tipo de fondos de inversores rusos.
La polarización sobre el tema también alcanza a la población. Según una encuesta realizada por el Centro de Investigación de Opinión Pública de toda Rusia, alrededor del 32 por ciento de los mil 600 consultados reaccionaron negativamente a la iniciativa del BCR, igual número apoyó la idea, y casi un tercio (33 por ciento) expresó indiferencia.
El presidente ruso, Vladímir Putin, ante la diversidad de opiniones instó en enero a evaluar de conjunto la situación y buscar la mejor alternativa. La adopción del concepto de regulación de la circulación de monedas digitales, en los primeros días del segundo mes del año, pareció inclinar la balanza por la regulación.
Era una necesidad, dijo a TASS el jefe del comité de la Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento) sobre el mercado financiero, Anatoli Aksákov, quien señaló la rapidez con la que se desarrolla ese ámbito y el alto número de inversores existentes en el país.
Declaraciones recientes del primer ministro Mishustin sitúan esas cifras en más de 10 millones, fundamentalmente jóvenes, que poseen monederos de criptomonedas a los cuales transfirieron fondos que superan los 10 mil billones de rublos (alrededor de 125 mil millones de dólares).
¿OPCIÓN FRENTE A LAS SANCIONES?
Mientras Rusia define su posición frente al fenómeno cripto, un factor externo pone nuevos elementos sobre la mesa. Las más de seis mil 900 sanciones contra la nación euroasiática desde el 22 de febrero, según la base de datos Castellum.ai, provocan que no pocos vean en estos activos digitales una opción para evadir esas disposiciones.
Al menos eso temen los sancionadores, encabezados por Estados Unidos, que se apresura a avanzar en las regulaciones de este entorno digital sin dejar de repetir, casi afirmar, que Moscú lo empleará para evadir el cerco tendido a sus finanzas.
Y si bien es cierto que expertos reunidos en la primera conferencia de mineros legales de toda Rusia, el pasado 26 de marzo, aseguraron que ante la difícil situación económica las criptodivisas pudieran ser motores para el desarrollo, por su dirección transfronteriza y descentralización, la realidad es mucho más compleja.
Los números hablan por sí solos, la actividad criptográfica ilícita global en 2021 ascendió a 14 mil millones de dólares, según la firma Chainalysis, y solo las exportaciones de Rusia en ese mismo periodo alcanzaron los 500 mil millones de dólares.
Ese volumen de transacciones supera con creces lo que pueden manejar incluso las criptomonedas más grandes y líquidas, como bitcóin, comparó Bloomberg en un editorial publicado el 24 de marzo.
Y añadió que la actividad en la mayoría de las cadenas de bloques deja un registro público permanente, por lo que cualquier violación de sanciones impulsada por el Estado se destacaría de inmediato.
En cuanto a las evasiones a menor escala, explicaron que para ello sería necesario comprar activos digitales en Rusia y luego venderlos por moneda fiduciaria utilizable en el país donde los fondos deben ir, sin que las autoridades supieran de quién es realmente el dinero.
Lo primero sería sencillo, afirma Bloomberg, pero el siguiente paso exigiría ocultar más de dónde provienen los fondos, con numerosos riesgos.
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