Hernández, quien rechazó las imputaciones y afirmó que desde su gobierno siempre colaboró con las autoridades estadounidenses para combatir el delito organizado y el narcotráfico, fue detenido el 15 de febrero en Tegucigalpa, la capital hondureña, y ayer fue trasladado a este país.
Según la acusación que hizo pública la víspera el Departamento de Justicia de Estados Unidos, sobre el mandatario (2014-2022) recaen tres cargos: Conspiración para importar cocaína, posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos.
El documento inculpatorio de 20 páginas, citado por la cadena televisiva CNN, señala que Hernández “abusó de su posición” como presidente para operar en el país como un narco-Estado, “con el fin de enriquecerse y obtener y mantener el poder de manera corrupta”.
Además, lo responsabilizan de convertir a la nación centroamericana en uno de los mayores puntos de transbordo para la cocaína con destino a Estados Unidos, el mayor mercado mundial de las drogas.
En el texto judicial del caso a cargo del juez Stewart D. Aaron, se señala que el exgobernante, de 45 años, supuestamente recibió millones de dólares de organizaciones ligadas al narcotráfico.
Con esos fondos -subraya- habría financiado sus campañas políticas y cometido fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2013 y 2017.
Su hermano Juan Antonio Hernández desde marzo de 2021 cumple sentencia de cadena perpetua en una prisión de Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas y armas. A similar pena se enfrenta el expresidente.
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