De acuerdo con el viceministro de Finanzas, Jorge Luis Almengor, en la plenaria este lunes del GAFI, en Trinidad y Tobago, el istmo expondrá resultados como el registro único de beneficiarios finales de sociedades anónimas y fundaciones privadas.
El funcionario precisó que con estos informes, las autoridades pueden acceder de manera fácil a la información sobre las personas naturales que controlan las estructuras jurídicas, lo que contribuirá a las investigaciones de delitos financieros y en la cooperación internacional.
A saber, la herramienta es administrada por la Superintendencia de Sujetos No Financieros y en esta primera fase invitó a firmas de abogados a que carguen la información de sus clientes.
Almengor dijo que tras dos años de pandemia de Covid-19, otro logro es el incremento presencial de auditorías y nuevas sanciones al incumplimiento de leyes como la 23, de 2015, que creo el régimen de prevención de lavado de dinero.
También reconoció que a pesar de todos estos programas, la institución debe crecer para poder ampliar la capacidad de supervisión y transparencia financiera.
El país centroamericano regresó a esas listas en junio de 2019 por la falta de efectividad en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Entre las deficiencias señaladas sobresalen la falta de mecanismos efectivos para monitorear las actividades de las entidades extraterritoriales y evaluar los riesgos existentes de uso indebido de personas jurídicas.
Además le demandan acuerdos para definir e implementar medidas específicas para prevenir el uso indebido de los accionistas y demostrar su capacidad para investigar y enjuiciar a los responsables de delitos fiscales y brindar cooperación internacional constructiva.
En recientes evaluaciones del GAFI -en octubre del pasado año y en febrero último- la institución reiteró su preocupación porque el istmo no completó su plan de acción comprometido para enero de 2021. El presidente del Grupo, Marcus Pleyer, llegó a decir que si Panamá no avanzaba lo suficiente considerarían incluir al país en las llamadas listas negras, advertencia que aún no se concretó.
El pasado 9 de marzo, el propio Almengor explicó a Prensa Latina medidas de control para salir de las listas grises y aseveró que entre mayo y septiembre de este año retomarán lo que denominan el “cara a cara”, para evaluar con sociedades incumplidoras la implementación de las necesarias regulaciones.
A preguntas del medio informativo sobre la trascendencia de este asunto, aseveró que se trata de la prioridad número uno del Gobierno, porque “de nada vale avanzar en la reanimación económica sin contar a nivel internacional con una visión positiva del país, en lo que tiene un gran peso las agencias calificadoras”, remarcó.
Panamá fue incluido en la lista gris del GAFI desde junio de 2019, tras salir de ella en 2014, donde fue añadida por solo cumplir con el ocho por ciento de sus recomendaciones.
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