La decisión de poner a un palestino bajo detención administrativa la adopta el comandante militar regional sin acusación ni juicio, cuestionó en un comunicado el Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados (B’Tselem).
“Según la ley militar que se aplica en Cisjordania, una persona puede ser detenida administrativamente durante seis meses, pero la orden puede prorrogarse, por lo cual la reclusión en la práctica es indefinida y los detenidos nunca saben cuándo serán liberados”, criticó.
La organización no gubernamental destacó que desde el 1 de enero último, los 579 palestinos que sufren esa política mantienen un boicot a los tribunales militares israelíes para denunciar sus casos.
Ningún funcionario israelí abordó sus preocupaciones, mientras las cortes continúan escuchando las órdenes de detención como de costumbre, apuntó.
B’Tselem resaltó que el boicot tiene por objeto desenmascarar la fachada de revisión judicial de las órdenes de detención administrativa porque “en esas audiencias, los detenidos se limitan a desempeñar el papel de figurantes en un proceso destinado a sancionar su encarcelamiento”.
Al respecto, detalló la ONG que las pruebas de la denuncia nunca son reveladas al prisionero ni a su abogado, por lo cual es imposible conocer el motivo del arresto y por lo tanto impugnar las acusaciones.
Según cifras militares oficiales, la cantidad de órdenes rechazadas por los tribunales es insignificante, en la gran mayoría de los casos, los jueces aceptan sin discutir la discreción del comandante, subrayó.
Durante años Israel encarceló a miles de palestinos sin acusarlos, sin presentar las pruebas ni a ellos ni a sus abogados, y sin informarles cuándo serán puestos en libertad, denunció la entidad.
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