Un total de 25 personalidades de 12 países remitieron en este sentido una carta al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, a través de la embajada de Uruguay en Francia, el 13 de abril último.
Los firmantes se hacen eco de una misiva enviada el 16 de noviembre de 2021 por cinco relatores de la ONU sobre el proyecto de ley» presentado en el Senado y que prevé la prisión domiciliaria obligatoria para militares, policías y civiles mayores de 65 años responsables de crímenes durante la dictadura de 1973 a 1985.
Estimaron que lo propuesto es “contrario al derecho internacional por su carácter general, automático y permanente» y tal eventual medida «no es necesaria ni proporcionada a la gravedad de los delitos», lo que de aprobarse será “un factor de impunidad para las violaciones de los derechos humanos».
Asimismo advirtieron que el único objetivo del proyecto, promovido por el oficialista partido de los militares Cabildo Abierto, es excarcelar a los autores de crímenes horrendos como la tortura, la desaparición forzada y el robo de niños.
Los colectivos Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y la Asociación de expresos políticos junto a otras organizaciones sociales se manifestaron masivamente el 9 de diciembre contra esa tentativa.
Antes el mandatario de la nación recibió a un grupo vinculado a los represores que cumplen condenas, que hace campaña para su excarcelación.
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