Esa junta divulgó oficialmente este jueves la conclusión de un juicio que señaló que el exjuez Sérgio Moro fue parcial dentro del marco de la desactivada operación judicial Lava Jato al juzgar los casos contra el fundador del Partido de los Trabajadores (PT).
Según el veredicto, a Lula también se le violaron sus derechos políticos en 2018, después de que se le impidiera participar en las elecciones presidenciales de ese año.
«Hoy, la pelota está en manos del gobierno brasileño, que debe responder en un plazo de 180 días cómo va a reparar el daño causado al expresidente Lula y cómo va a evitar que otros ciudadanos sean sometidos a las mismas violaciones», afirmó ante la prensa en Sao Paulo el abogado Cristiano Zanin, jefe del staff jurídico del exgobernante.
Calificó de histórica la decisión y «una victoria no solo del presidente Lula, sino de todos aquellos que creen en la democracia y en el Estado de Derecho».
El abogado señaló, además, que la ONU pide a la administración del mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro que distribuya ampliamente una copia de la determinación.
«La forma en que se llevará a cabo la decisión es que el Gobierno se lo diga a la ONU, y ésta dirá si está de acuerdo y lo acepta o no. Habrá que esperar a ver la respuesta del gobierno brasileño a la ONU», añadió.
En su fallo, el Comité de Derechos Humanos del organismo internacional recordó la cronología del caso contra Lula y la actuación de Moro como magistrado.
Durante las investigaciones, el entonces juez aprobó una solicitud de los fiscales para interceptar los teléfonos de Lula, sus familiares y abogados.
«Él (Moro) también dio a conocer el contenido de las grabaciones antes de presentar formalmente los cargos. También emitió una orden de conducción coercitiva para llevar a Lula a declarar», indica un extracto del comunicado.
Para el comité, tal conducta y otros actos públicos «violaron el derecho de Lula a ser juzgado por un tribunal imparcial».
De igual manera, las acciones y declaraciones públicas de Moro y los fiscales violaron el derecho de Lula a la presunción de inocencia.
La junta de la ONU instó a Brasil a garantizar que cualquier otro proceso penal contra el líder petista cumpla con las garantías del debido proceso y evitar violaciones similares en el futuro.
El año pasado, el Supremo Tribunal Federal anuló las condenas del exdirigente obrero, quien recuperó sus derechos políticos y la posibilidad de presentarse en las elecciones de octubre, a las que acudirá como favorito en todas las encuestas.
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