Según la radioemisora RPP, grupos de labriegos asedian el centro minero de la transnacional MMG, que explota uno de los mayores yacimientos de cobre del país, y buscan dividir a la fuerza de 600 policías.
Los labriegos de la comunidad de Fuerabamba exigen la recuperación de un terreno cedido a la empresa a cambio de compensaciones que, afirman, no se han cumplido.
El desalojo, según los comuneros, dejó heridos y detenidos, entre ellos el fotorreportero Raúl Cabrera, quien denunció que los policías borraron de su cámara las imágenes de la operación.
El congresista Jaime Quito, del cogobernante Partido Perú Libre (PPL), dijo que su organización rechaza el desalojo, mientras la Presidencia del Consejo de Ministros sostuvo en un comunicado que no tuvo que ver con la operación, ejecutada por una orden judicial.
El texto anota que, cuando los comuneros retomaron las tierras cedidas el 14 de abril, el citado organismo llamó a las partes a dialogar sobre el diferendo con la participación de organismos oficiales, la jerarquía católica y la Defensoría del Pueblo.
Por su parte, el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Edison Vargas, advirtió hoy que su pueblo no permitirá la permanencia de la minera en el lugar.
“Seguimos en la lucha; las Bambas nos ha declarado prácticamente la guerra y la comunidad nunca se va a rendir”, dijo.
Afirmó que la empresa traicionó a los campesinos, que ayer esperaban la llegada del ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, para dialogar, cuando personal de seguridad, incluyendo delincuentes venezolanos, iniciaron el violento desalojo.
“Esto no se va a quedar así. La comunidad ha decidido que la guerra continúa. Acá no se va a quedar Las Bambas”, aseveró Vargas, al condenar la violencia policial y descartar la posibilidad de volver al diálogo y afirmó que volverán a tomar las tierras en litigio.
Sobre el estado de emergencia declarado por el Gobierno en la zona del conflicto, dijo que “no nos intimida, no nos da miedo, vamos a seguir en la lucha, aunque nos maten”.
El dirigente acusó al gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón, de servil a la empesa minera porque pidió reiteradamente al Gobierno imponer el orden y hoy lamentó el desalojo.
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