Según esa junta, el fundador del Partido de los Trabajadores sufrió arbitrariedades por parte de la desarticulada operación judicial Lava Jato, cuando Moro fungía como magistrado.
El organismo internacional recibió una denuncia que incluía cuatro quejas de la defensa de Lula en 2016. Todas fueron atendidas por el comité de forma favorable al exdirigente obrero.
Primeramente, la detención del exgobernante por la Policía Federal en 2016, en una habitación del aeropuerto de Congonhas, en Sao Paulo, considerada arbitraria por sus abogados.
También la parcialidad del proceso y juicio; la difusión de mensajes de carácter privado de los familiares de Lula y la imposibilidad de una candidatura en 2018. La conclusión es que al exjefe de Estado (2003-2011) se le violaron sus derechos en todos los artículos.
El comité de la ONU, encargado de analizar el caso que duró seis años, supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado y ratificado por Brasil.
Por lo tanto, el Estado tiene la obligación de seguir la recomendación del organismo.
Tal consejo no dispone de un medio específico para obligar a los países a adoptar las sanciones contra sus gobiernos, por ende, sus decisiones pueden ser ignoradas.
En uno de los últimos documentos entregados a la ONU, el Gobierno salió en defensa de Moro, en ese momento ministro de Justicia del mandatario de tendencia ultraderechista Jair Bolsonaro.
La defensa del exlíder sindical argumentó que, al aceptar el cargo, Moro tendría una «posición política» y «utilizó su papel de juez de forma sesgada para ayudar a los grupos opuestos al expresidente».
Anteriormente, los abogadores probaron que el extornero mecánico fue «blanco de lawfare, que es el uso estratégico de las leyes para fines ilegítimos».
Desde el inicio de las investigaciones, Lula reafirmó su inocencia y denunció que fue «víctima de la mayor mentira jurídica» de la historia de Brasil.
Acerca del veredicto del organismo internacional, el líder del PT refirió que estaba alegre. «Esta decisión de la ONU, para mí, fue un extraordinario lavado de alma».
Rehabilitado en la política en marzo de 2021 tras ser anuladas sus condenas, el expresidente lidera hasta la fecha todas las encuestas de opinión rumbo a las elecciones de octubre en las que pretende reelegirse Bolsonaro.
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