Una empresa pública como Petróleos de Paraguay (Petropar), beneficiada por la norma aprobada esta semana por el Congreso, no puede exceptuarse del control en sus compras en el extranjero, afirmó el viceministro del ramo, Pedro Mancuello.
El funcionario aseguró que esa libertad para importar el carburante sin las declaraciones juradas y otros documentos de los que exceptúa el texto, conduciría a una eventual mala administración con afectaciones sobre toda la población.
Petropar debe someterse a las contrataciones igual que todas las empresas públicas, añadió Mancuello en medio del conflicto, iniciado en febrero con el alza oficial de los precios, que deprimió el transporte y causó protestas desde el 14 de marzo.
La autoridad lamentó la falta de una consulta al MIC sobre el citado proyecto, ahora en manos del Gobierno para su veto o promulgación, en medio de crecientes críticas en su contra.
El jefe de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Pablo Seitz, admitió que la norma “es de cumplimiento imposible”, porque no exonera a Petropar de cumplir esas contrataciones, pero sí a sus proveedoras.
“En el caso de que llegue a aplicarse, yo me voy a plantar”, añadió al subrayar su oposición a que la petrolera del Estado realice compras directas sin procesos licitatorios.
Seitz coincidió con otros críticos a la nueva ley en que en los debates sobre el proyecto entre una y otra sesión de las Cámaras de Senadores y de Diputados hubo un cambio de textos que ahora despierta nuevas discrepancias e interpretaciones.
“Yo ya advertí sobre el texto –aseguró. No es el adecuado ni es el mismo que inicialmente apoyó la DNCP, agregó al ser preguntado sobre si recomendará al presidente Mario Abdo Benítez promulgar o vetar el proyecto.
Por su parte, el senador José Ledesma, uno de los autores de la ley, explicó que el Legislativo consensuó “mayor libertad a Petropar” mediante dos proyectos para “abaratar los precios de combustibles ante el consumidor final”.
El diario ABC Color se sumó a la polémica, al publicar que “a la históricamente corrupta petrolera estatal, las dos cámaras del Poder Legislativo le dieron ‘luz verde’ para rehuir las Contrataciones Públicas, en pleno año electoral”.
Según medios locales, la controvertida ley exceptúa a empresas foráneas que abastecen a Petropar del cumplimiento de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas y de la 6355 sobre la presentación de declaraciones juradas de bienes y rentas.
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