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Policía denuncia uso de uniformes por civiles en represión en Perú

Lima, 30 abr (Prensa Latina) Un jefe de policía peruano informó hoy que denunció judicialmente el uso de indumentaria policial por civiles al servicio de una empresa minera, en una violenta operación de desalojo de campesinos que ocupaban tierras en litigio.
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El jefe policial de la región surandina de Apurímac, general Roger Pérez, desmintió la versión de la empresa minera Las Bambas, según la cual la Policía dotó de chalecos antibalas y otros medios a la fuerza de choque de civiles que usó para retomar esta semana las tierras en manos de la comunidad de Fuerabamba.

“Lo hemos denunciado penalmente y la fiscalía ha dispuesto hacer las investigaciones para saber quién es el responsable de haber utilizado prendas con el logo de la policía”, declaró a la versión digital del diario La República.

Al subrayar el desmentido, dijo que proporcionar la indumentaria policial sería “como si yo entregara mi carnet, mi arma, mi uniforme; no puedo entregar eso a nadie” y agregó que eso, además, es un delito que la Fiscalía ha comenzado a investigar.

Suscribió la versión gubernamental de que una orden judicial autorizó a la empresa Las Bambas a recuperar las tierras que los campesinos habían cedido a la compañía a cambio de compensaciones que, afirman, no se habían cumplido totalmente.

Añadió que, según el procedimiento, la empresa pidió respaldo a la Policía y esta intentó persuadir a los campesinos de que abandonasen las extensas tierras y ante la negativa de los ocupantes, la empresa envió el personal dotado de chalecos policiales y garrotes y los desalojó, con un saldo de al menos 14 heridos.

Según el general Pérez, sus hombres solo actuaron con gases lacrimógenos para “evitar esa alteración del orden” y consecuencias más graves.

El uso indebido de prendas policiales o similares fue denunciado por un fotógrafo de La República a quien los “parapolicías” detuvieron cuando documentaban el desalojo y lo entregaron a la Policía.

Además, los civiles con prendas policiales denunciaron a la prensa que la empresa los había contratado con engaños y habían puesto en peligro sus vidas, lo cual hizo evidente su participación.

Las empresas mineras tienen convenios con la Policía que les otorgan resguardo permanentemente, lo que critican organizaciones sociales y de derechos humanos porque convierten a los agentes en guardia pretoriana al servicio de los empresarios.

jha/mrs

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