“No podemos participar si no se levanta el estado de emergencia”, declaró el dirigente de la comunidad de Huancuire Javier Ochoa, quien dijo que han enviado al Gobierno una comunicación en la que plantean esa posición.
La medida rige desde el 27 de abril último y enmarcó el desalojo por una fuerza privada de seguridad que, con apoyo policial, según los labriegos, desalojó tierras que, al igual que la comunidad de Fuerabamba, habían entregado a Las Bambas a cambio de compensaciones que, aseguran, no se han cumplido del todo.
Ochoa insistió en que los comuneros quieren dialogar para encontrar una solución en la que ganen la empresa, las comunidades y el Estado, pero el cese del estado de emergencia, que facilita la represión de protestas, es indispensable.
También la comunidad de Fuerabamba se resiste a asistir al diálogo debido a la violenta operación de desalojo de las tierras tomadas, la semana pasada.
Los labriegos sostienen que la empresa contrató delincuentes extranjeros para la operación, mientras Las Bambas, filial de la transnacional MMG.
Sobre los reclamos, Ochoa explicó que en 2013 firmaron un convenio con 97 compromisos de compensaciones en materia de educación, salud y otros, pero ninguno se ha cumplido totalmente.
Por su parte, la compañía minera alega haber honrado sus obligaciones y, con gran apoyo mediático, acusa a los campesinos de la violencia registrada y de exigencias desmedidas de dinero, lo cual ellos niegan.
El dirigente rechazó la acusación de antimineros que les hace la prensa, rechazó la criminalización de la protesta y aseguró que “solo queremos que nos respeten el Estado y la empresa minera”.
jha/mrs
