El resultado corresponde a una muestra representativa de tres mil ciudadanos mayores de 18 años que respondieron a la agencia Kyodo News en marzo y abril del presente año.
El artículo 9 de la carta magna establece que la nación asiática renuncia a la guerra y prohíbe la posesión de fuerzas militares y otros potenciales bélicos.
A juicio de expertos nipones, esta cláusula deja en un limbo legal al principal organismo militar del país.
De acuerdo con la pesquisa, el 48 por ciento de los encuestados prefiere mantener la ley suprema tal cual está y el 76 por ciento coincide en que el artículo 9 es el principal motivo por el cual Japón no participó en ningún conflicto armado desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
El estudio indicó además que el apoyo a la revisión constitucional sigue igual al de la consulta de 2021, a pesar de las crecientes preocupaciones en torno a la seguridad nacional y regional, alentadas por legisladores nipones del Partido Liberal Democrático (PLD) y otros.
Estos mismos parlamentarios piden al gobierno que aumente el presupuesto de defensa hasta un dos por ciento del Producto Interno Bruto, el doble de la cifra actual.
Como parte de su propuesta, el PLD contempla también que Japón tenga la capacidad de desactivar los misiles de un hipotético país enemigo, así como sus sistemas de mando y control, lo cual implicaría atacar una base extranjera.
Esta idea ya fue planteada con anterioridad por la fuerza política, pero siempre genera polémica dentro de las instancias gubernamentales porque podría deslindarse de los principios pacifistas y la postura estrictamente defensiva recogida en la Constitución nipona.
En Japón cualquier reforma a la ley de leyes, en vigor desde 1947, requiere la aprobación de una mayoría de dos tercios en las dos cámaras de la Dieta (Parlamento), como paso previo al referéndum nacional.
jf/lcp
