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Señalan brechas en vigilancia de sistema penitenciario de Panamá

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Ciudad de Panamá, 2 may (Prensa Latina) La introducción de drogas, celulares, cigarrillos y armas a las cárceles de Panamá forma parte hoy de un escenario que devela brechas en la vigilancia, según autoridades.
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De acuerdo con el director del Sistema Penitenciario, Euclides Castillo; los privados de libertad tienen acceso a todos esos artículos ilícitos a través de drones que sobrevuelan las instalaciones.

A pesar de los controles que ha instalado la institución, con ayuda de Aeronáutica Civil, que consisten en bloqueos del espacio aéreo y la coordinación con los fabricantes de los aparatos, precisó el funcionario, al día sobrevuelan entre 10 a 20 aparatos cargados con esos productos.

Castillo indicó que decomisan una gran parte, lo que ha ocasionado que los reos perfeccionen el método con drones capaces de alcanzar más altura o en operaciones nocturnas.

Castillo explicó al diario La Estrella de Panamá que se trata de una organización, y que gracias a la coordinación policial han logrado detener a varias personas en el perímetro del polígono de La Joya, La Joyita y la Nueva Joya, en esta capital, quienes manipulan los drones.

Admitió además que desde la cárcel operan los llamados “call centers” para cometer delitos, dedicados a la extorsión o estafa a incautos que terminan pagando dinero por supuestos secuestros u otros. Parecen haber sustituido la introducción de objetos con familiares, la complicidad policial o de custodios. La vigilancia en la entrada se ha robustecido en un 90 por ciento, explica Castillo, por eso han optado por la tecnología.

También señaló que entre los lastres de esos centros la falta de atención médica y la corrupción, que se traduce esta última en privilegios para los llamados líderes de los pabellones, algo imposible sin la colaboración de los custodios civiles o de los mismos agentes.

El matutino reflejó que otro dato preocupante es que el 60 por ciento de los nuevos ingresos en las penitenciarias son jóvenes entre 18 y 25 años, una población en edad productiva, pero que crece en un ambiente donde se normaliza el delito y la violencia.

Castillo explicó además que de los 20 mil 341 privados de libertad que aloja el sistema, un poco más de 11 mil participan en los programas de resocialización, con opciones que permiten capacitar a los internos para un empleo digno.

mem/ga

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