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Proyecto legislativo busca reducir corrupción en Panamá

Ciudad de Panamá, 3 may (Prensa Latina) Un proyecto legislativo para reducir la corrupción en Panamá espera por la sanción o veto del presidente de la República, alertaron hoy diputados.
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El parlamentario Gabriel Silva, quien propuso la iniciativa aprobada en la Asamblea Nacional(parlamento) en tercer debate, explica que la norma establece que los funcionarios públicos de alta jerarquía, incluyendo los diputados, quedarían obligados a rendir una declaración jurada de intereses particulares todos los años.

De esa manera, se contribuye a garantizar una mejor administración estatal, y quienes incumplan o usen información falsa serían sancionados e incluso destituidos, agregó.

El proyecto de ley 329 que contiene seis capítulos y 29 artículos hace especial énfasis en la declaración jurada de intereses particulares, el nepotismo y la entrega de información privilegiada, entre otros aspectos.

Buscamos que el funcionario público piense en el país y la ciudadanía. Y no en que va al poder para beneficiar a los familiares, amigos y socios, comentó Silva al diario La Estrella de Panamá.

La norma prevé sanciones como procesos disciplinaros y multas equivalentes a meses de salarios para aquellos funcionarios públicos que no presenten su declaración jurada de intereses particulares o den información falsa.

También establece la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas de ese tipo al inicio y al final de la gestión y cuyo contenido estaría sujeto a verificación de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.

De acuerdo con el proyecto, impulsado por el diputado Silva, y aprobado el 26 de abril de 2022, el servidor público, en el ejercicio de sus funciones, debe mantener obligatoriamente ciertas conductas, entre ellas no aceptar regalos, donaciones, favores, invitaciones o servicios que puedan representar un conflicto de interés.

También guardar reserva y discreción de la información a la que tenga acceso y conocimiento y no utilizarla para provecho propio.

Hasta el momento, el país istmeño no contaba con una norma para regular los conflictos de interés en el sector público.

Según Silva, dos iniciativas legislativas previas (2004-2009 y 2014-2019) fracasaron en su intento de regular el tema, a pesar de las constantes presiones de gremios, asociaciones y organismos internacionales.

De acuerdo al Índice de Percepción de Corrupción, los panameños consideran que ese mal está presente como ningún otro en el sector público y señalan como exponentes el uso del cargo para beneficio privado y el nepotismo.

jcm/ga

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