Dicha moción fue presentada por más de 30 representantes, la mayoría de bancadas de oposición, por considerar que el funcionario debía afrontar una responsabilidad política frente al citado operativo militar.
El senador de Polo Democrático Iván Cepeda, señaló que a pesar de que hoy varios congresistas mostraron «evidencia contundente sobre la perpetración de ‘falsos positivos’ en este gobierno, la cámara de representantes y sus muy dóciles bancadas de mayorías gobiernistas han decidido votar en contra de la moción de censura».
Se conoce como «falsos positivos» a una política implementada durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) mediante la cual integrantes del Ejército asesinaban campesinos para hacerlos pasar como guerrilleros y así obtener beneficios como ascensos y licencias especiales, entre otros.
Cepeda recalcó que el ministro Molano es el principal responsable de esos crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia en la más total impunidad.
«Otra razón más para cambiar este gobierno de impunidad, de falsos positivos, en el cual los ministros que más violan los derechos humanos son los que más gozan de reconocimiento por parte del presidente de la República», recalcó.
El pasado 28 de marzo, 11 personas murieron, entre ellas civiles, menores de edad y una autoridad indígena, en un operativo militar ejecutado por el ejército, y luego fueron presentadas como disidentes abatidos de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
La semana pasada, Molano asistió al debate sobre la moción de censura en su contra en el Congreso, y defendió la legitimidad de la operación.
La legisladora María José Pizarro explicó que la operación en Puerto Leguízamo no tuvo en cuenta los principios de distinción, de precaución y de proporcionalidad; se realizaron ataques indiscriminados contra civiles, desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales.
«Asesinaron a civiles: menores de edad, indígenas, mujeres embarazadas y líderes comunitarios, los hicieron pasar como combatientes, alteraron la posición de los cuerpos, los movieron de lugar y les colocaron armamento», añadió.
Recalcó que los militares torturaron, avasallaron y causaron deliberadamente dolor y sufrimientos a la comunidad, manteniéndolos encerrados y en posiciones humillantes e inhumanas en la cancha de fútbol, en medio del sol y sin agua.
Además, puntualizó, violaron el Derecho Internacional Humanitario porque los miembros de la fuerza pública participaron de la operación debieron estar plenamente identificados, con los uniformes propios de las fuerzas militares.
«Dieron órdenes de disparar desde el helicóptero sin tener un objetivo claro, según testimonios de la misma comunidad. Seguir afirmando que la operación fue legítima hace insostenible su permanencia al frente del Ministerio de Defensa», enfatizó.
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