“No lo vamos a permitir, ese intento de hacernos pelear entre trabajadores, obreros y el Gobierno central”, afirmó el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, en conferencia de prensa.
El líder sindical comentó que hoy, “más que nunca”, la clase trabajadora labora de manera coordinada y existe un diálogo permanente con la administración del presidente Luis Arce.
Recordó ante los medios periodísticos los beneficios recibidos por el sector empresarial a partir de diferentes iniciativas gubernamentales como subvenciones y créditos productivos.
“Estamos haciendo conocer nuestra molestia a estos empresarios que vienen intentando hacernos pelear con el Gobierno. Los trabajadores estamos en estado de emergencia, en pie de lucha y no vamos a permitir que algunos empresarios desprestigien a la institución obrera”, advirtió el dirigente.
Huarachi insistió en que el incremento salarial es un derecho y una conquista social que debe ser respetada porque los trabajadores fueron los primeros en “amarrarse los pantalones” y “promover la austeridad” en apoyo a la reactivación económica.
La dirigencia nacional de la COB realizará el seguimiento de la implementación del decreto de incremento salarial para hacerlo cumplir en beneficio de todos los trabajadores del país, concluyó Huarachi.
A finales de abril Arce confirmó que el aumento de sueldo pactado con la COB para 2022 será de cuatro por ciento al mínimo nacional y tres puntos porcentuales al haber básico. La medida contrastó con lo expresado por voceros del sector empresarial, quienes rechazaron cualquier acrecentamiento.
Al justificar esa posición los portavoces aludieron a un posible efecto negativo sobre la estabilidad laboral en momentos de un proceso de reactivación tras la crisis provocada por la pandemia de Covid-19.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, por su parte, sostuvo que los grandes empresarios “echan el grito al cielo” cuando se trata de mejorar los salarios, pero para detener la producción por fines políticos “parece que hay billetera”.
Recordó que en 2019, durante el golpe de Estado de cuarta generación contra el expresidente Evo Morales, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz y su titular, Fernando Hurtado, se sumaron a las protestas.
Añadió que no todos, pero una importante gama de grandes empresarios son capaces de “frenar, detener la producción, las ventas y utilidades cuando tienen fines políticos”.
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