El texto lo redactaron dos comisiones del parlamento unicameral y contó con un amplio proceso de análisis, según informaron medios de prensa estatales.
El documento también aborda el marco jurídico penal aplicable a quienes cometen ciberdelitos, así como los que reciben fondos de entidades extranjeras para cometer crímenes de odio y lavado de dinero, entre otros delitos.
De acuerdo con las informaciones divulgadas sobre las leyes que fortalecen el combate a las consideradas conductas delictivas de abril, mayo y junio del 2018, se realizó un proceso de consulta y diálogo con representantes de instituciones, así como víctimas de crímenes de odio.
La diputada María Auxiliadora Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia, aseguró que de manera general se percibe un consenso entre los consultados sobre lo oportuno y pertinente del marco jurídico.
«Las leyes generan confianza y esperanza en las demandas de justicia del pueblo. Sin embargo, también surgieron inquietudes, observaciones y aportes en procura de mejorar la eficacia de la justicia, la reparación de los daños causados y la no repetición», señaló Martínez.
Según las víctimas consultadas, las penas deberían ser más severas y demandaron justicia para con los religiosos y directores de organizaciones de derechos humanos involucrados en el golpe como dirigentes.
El parlamento nicaragüense también emitió una declaración, en la cual destaca el ordenamiento jurídico claro y actualizado del país centroamericano, que garantiza justicia, paz y seguridad ciudadana.
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