Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos apresaron en sus residencias a los ejecutivos de los ayuntamientos de Humacao (oriente), Reinaldo Vargas; y Aguas Buenas (centro), Javier García.
Ambos alcaldes, en su primer y segundo términos, respectivamente, fueron trasladados a las instalaciones del FBI en la zona capitalina de Hato Rey, donde operan otras dependencias del gobierno estadounidense en esta isla del Caribe, incluido el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico.
Estas detenciones responden a esquemas de corrupción mediante la concesión de contratos multimillonarios con la empresa J.R. Asphalt para la pavimentación de las calles y carreteras y Waste Collection, en la recogida de desperdicios.
Vargas y García fueron acusados por un gran jurado federal de cometer soborno y extorsión para recibir comisiones ilegales a cambio de contratos.
El jefe de la fiscalía federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow, detalló en rueda de que el esquema de corrupción es secuela del patrón de las empresas JR Asphalt y Waste Collection.
Expresó que García, involucrado en los actos de corrupción desde 2017 a 2021, recibió unos 32 mil dólares en efectivos de parte de dos contratistas dedicados a la recogid de basura, asfalto y escombros.
En tanto, Vargas participó en Humacao de un patrón similar, entre marzo y abril de 2021, cuando obtuvo unos 15 mil dólares.
Ambos alcaldes, que deben dejar sus cargos, se enfrentan a una pena de cárcel de cinco años por conspiración, 10 años por soborno y 20 años por extorsión.
Por acciones similares de retribución a los alcaldes, ya cayeron en manos del FBI los alcaldes de Cataño, Félix Delgado, quien renunció el 30 de noviembre de 2021, al declararse culpable de conspiración y soborno; y el de Guaynabo,Ángel Pérez-Otero, arrestado el 9 de diciembre de 2021.
El caso de Pérez-Otero, con una amplia trayectoria que incluyó ser diputado, sorprendió porque se le consideraba un político íntegro, además, presidía desde la codiciada intendencia de Guaynabo la Federación de Alcaldes, que aglutina a los miembros del PNP.
A partir del caso de Delgado, también han sido arrestados Eduardo Cintrón, de Guayama (sur), del Partido Popular Democrático, quien se declaró culpable en abril de este año; el vicealcalde Radamés Benítez Cardona, de Trujillo Alto, contiguo a San Juan, y el exalcalde de Aguas Buenas Luis Arroyo-Chiqués.
“Una vez más se mancha la reputación de los que ocupamos cargos públicos y es abono para el descontento y la desconfianza que la gente manifiesta cada vez que se conoce de una situación similar”, expresó el ejecutivo de Camuy (norte), Gabriel Hernández, presidente de la Federación de Alcaldes.
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