De acuerdo con el sitio informativo Ecns.cn, el Ministerio de Seguridad Pública dio a conocer el listado y además la policía instó a la población a proporcionar cualquier pista útil sobre esos individuos.
Las autoridades prometieron garantía de protección personal y compensaciones a quienes denuncien a los fugitivos.
Ese movimiento sigue al llamado del Gobierno para que los implicados en el secuestro de mujeres, niños y adolescentes se presenten voluntariamente y entreguen a la justicia antes del próximo 30 de junio, tras advertir de castigos severos para perpetradores de dichos delitos.
La orden –emitida en conjunto Tribunal Popular Supremo, la Fiscalía Popular Suprema y el Ministerio de Seguridad Pública- contempla “sanciones indulgentes de acuerdo con la ley” para quienes confiesen sus fechorías.
Pero al mismo tiempo alerta de fuertes penas para aquellos que se mantengan en el negocio, obstaculicen el descubrimiento, la identificación y el rescate de las víctimas.
China emprendió la ofensiva contra esos crímenes a raíz de un reciente caso de abuso contra una mujer con esquizofrenia en la provincia oriental de Jiangsu.
El suceso causó conmoción nacional cuando un vídeo circulado en las redes sociales la mostró encadenada en el cuello y con poca ropa.
Según una investigación oficial, la víctima se nombra Xiaohuamei, nació en la sureña provincia de Yunnan en 1977 y comenzó a vivir en el distrito de Fengxian de Jiangsu, con un hombre de apellido Dong desde junio de 1998.
El padre de Dong la compró y durante todo ese tiempo, ella tuvo ocho hijos.
Tras el incidente varias voces urgieron mano dura contra el tráfico de mujeres, llamaron a rescatar a las secuestradas y elevar las sentencias a los compradores, pues con frecuencia las violan, obligan al trabajo forzado y maltratan a las víctimas.
Legisladores y asesores políticos de China instaron a poner bajo la lupa a las aldeas rurales por ser los sitios más propensos a registrar el fenómeno, así como la promoción de mayores oportunidades de desarrollo en las economías locales para las mujeres.
Además, la Asamblea Popular Nacional (parlamento) revisó un proyecto de ley que plantea crear un mecanismo obligatorio de detección y presentación de informes para identificar y gestionar rápido los delitos contra las féminas, incluido el tráfico.
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