Tal petición fue presentada dentro el marco de una acción existente (ADPF 709) que discute la omisión de la administración de Jair Bolsonaro en el combate contra la pandemia de la Covid-19 en los territorios nativos y exige que se actúe sobre el riesgo de genocidio de varios grupos étnicos.
La demanda resulta consecuencia de la denuncia de violación y muerte de una niña de 12 años por parte de «garimpeiros» (mineros ilegales en busca de metales preciosos) en la comunidad de Aracaçá, región de Waiakás, en tierra yanomami en el norteño estado de Roraima, y de la desaparición de indígenas.
El caso fue presentado por Júnior Hekurari Yanomami, un líder aborigen, en un vídeo en redes sociales publicado el 25 de abril.
La APIB denunció la situación de masacre vivida y solicitó que el Supremo determine que el Gobierno adopte medidas inmediatas para frenar la escalada de violencia contra las comunidades originarias.
Entre las peticiones figuran la inspección judicial en la región y la reanudación de las operaciones de represión de la minería ilegal en zonas yanomami, con la destrucción de aeronaves y equipos utilizados por «garimpeiros».
De igual manera demandó, el cierre logístico de la actividad minera mediante la destrucción de los aeródromos y las pistas de aterrizaje.
También la APIB exigió que la Agencia Nacional de Telecomunicaciones determine que las empresas dejen de suministrar inmediatamente Internet a terrenos yanomami.
A excepción, precisó, de los puntos que sirven a las aldeas, las escuelas y los puestos de salud, y se abstengan de hacer nuevas instalaciones en las zonas mineras.
Según la articulación, la Corte Suprema recibió de forma reiterada la denuncia de la situación de violencia desde hace casi dos años y existen dos amparos que indican la protección de los pueblos autóctonos.
En un comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR) refirió que monitorea diariamente las diligencias realizadas para investigar los presuntos crímenes ocurridos en la aldea de Arakaça, en la región de Waikás en la Reserva Indígena Yanomami en Roraima, así como la posterior desaparición de la comunidad.
De acuerdo con el titular de la PGR, Augusto Aras, el esclarecimiento de lo que realmente ocurrió es una prioridad para el Ministerio Público Federal y se toman todas las medidas.
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