En el borrador de la nueva Constitución fue incluido el Artículo 21, que reconoce la lucha y reivindicaciones históricas de esos grupos poblacionales sobre los territorios y recursos ancestrales.
De ahí que la iniciativa legal sea aplaudida por participantes en el proceso constituyente y representantes de las diferentes posturas políticas representadas en legislativo chileno.
Por ejemplo la presidente de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, agradeció a sus miembros el apoyo en la votación a la propuesta, que fue aprobada por mayoría.
Por su parte la diputada por el Partido Socialista de Chile Emilia Nuyado destacó la importancia del referido artículo porque de ser aprobada la nueva Constitución validaría los derechos que históricamente les han sido negados a los pueblos originarios del país suramericano.
Sin embargo Nuyado recordó que los derechos de los indígenas chilenos pudieron ser reconocidos mucho antes si los gobiernos anteriores hubieran implementado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Ese instrumento conviene los derechos de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, y a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan.
Mientras representantes de la derecha política critican la propuesta legal, y asegura que deja al resto de los chilenos desamparados ante futuros reclamos de los pueblos originarios.
La exdiputada y exministra de Educación Marcela Cubillos catalogó a la nueva carta magna de “indigenista” y llamó a los integrantes de la Constituyente, entre los que figura, a no aprobarla.
“Si no se aprueba, todos los caminos quedan abiertos para que se haga una nueva, bien hecha, para todos los chilenos, que una y no divida”, escribió en Twitter, obviando así siglos de reclamos de los pueblos originarios.
La político de derecha señaló que de lo contrario quedaría pendiente una Constitución para el resto de los chilenos.
El próximo 4 de septiembre será el plebiscito constitucional en el país austral, en que los ciudadanos con derecho al voto aprobarán o no una nueva Constitución Política.
De ser mayoritario el apoyo a la opción apruebo, quedaría sin efecto la actual ley de leyes, aprobada en 1980 durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1979-1990).
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