Durante una conferencia de prensa, el funcionario llamó a la Corte Penal Internacional a iniciar una investigación inmediata sobre las continuas violaciones cometidas por Tel Aviv.
Es necesario responsabilizar y enjuiciar a quienes cometen estos crímenes, desde “el primer ministro hasta llegar a los colonos y soldados”, expresó Shalaldeh.
Resaltó que el IV Convenio de Ginebra de 1949 prohíbe el desplazamiento de la población civil de sus tierras por parte de una potencia ocupante.
Nuestro pueblo tiene derecho a resistir, como queda reflejado en los principios y normas del Derecho Internacional, subrayó.
Shalaldeh ratificó que su ministerio brindará toda la ayuda legal posible a los habitantes de la zona de Masafer Yatta, en el sur de Cisjordania.
Tras 23 años de proceso judicial, la Corte Suprema israelí rechazó la pasada semana una petición de esas personas que buscaban frenar la expulsión de sus tierras, utilizadas por el Ejército como campo de tiro.
El fallo fue criticado por la ONU, la Unión Europea y numerosos países porque allanará el camino a uno de los más grandes desplazamientos de palestinos desde la guerra de 1967.
Esta decisión es una muestra más de la parcialidad de la corte, afirmó Nidal Abu Younis, alcalde de Masafer Yatta, quien aseguró que sus habitantes no van a abandonar las viviendas.
En similar sentido se pronunció la Asociación por los Derechos Civiles en Israel al advertir que ese veredicto tendrá consecuencias sin precedentes en el futuro.
Al justificar su sentencia, el tribunal afirmó que los pobladores de ese territorio no eran residentes permanentes cuando los militares israelíes ocuparon la zona.
Esa tesis es rechazada por los palestinos y los grupos defensores de derechos humanos al recordar que ellos vivían allí antes de la guerra de 1967.
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