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Panamá con reservas reducidas para programa de jubilaciones

Ciudad de Panamá, 10 may (Prensa Latina) En un año Panamá redujo en más de mil millones de dólares las reservas financieras destinadas a sostener el pago de los jubilados, un mal que tiene en vilo hoy a la sociedad civil.
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De acuerdo con estadísticas publicadas en el diario La Prensa, los problemas estructurales del programa público de pensiones se agudizaron con la Covid-19 y marcaron el ritmo acelerado en el deterioro de los fondos del subsistema exclusivamente de beneficio definido de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Los últimos informes de la Caja de Seguro Social (CSS), señalan que ese presupuesto pasó de dos mil 512 millones en 2020, a mil 499 millones de dólares al cierre del 2021, es decir mil 13 millones de dólares menos en un año.

La administración de la CSS entregó a la junta directiva un informe que refleja el estatus de las reservas financieras de los cuatro programas que maneja la entidad.

Y aunque en el caso de IVM la cifra total alcanza siete mil 134 millones de dólares, apenas el 21 por ciento (mil 499 millones de dólares) corresponde al segmento que financia las pensiones de los actuales jubilados.

La estructura del subsistema exclusivamente de beneficio definido se basa en que la generación que aún trabaja y cotiza, y que forma parte de este esquema, paga gran parte de las pensiones de los que ya están en edad de retiro.

En la medida que siguen jubilándose más personas —que reciben pagos mayores que los fondos que aportaron— y no ingresan nuevos cotizantes al subsistema, hay que hacer uso de las reservas para el pago de las pensiones.

De allí que se explique el deterioro volátil que tienen sus reservas o ahorros, según expertos.

Al respecto, el especialista en seguros y riesgos, Pablo Gutiérrez, alertó

sobre la urgencia de hacer cambios estructurales en el programa de pensiones, ya que no hay forma de seguir manteniendo un sistema piramidal como el plan exclusivamente de beneficio definido.

En marzo último varios sectores de la sociedad civil cuestionaron la decisión del del presidente de la República, Laurentino Cortizo, de dedicar al programa IVM de la CSS el 50 por ciento de los ingresos mínimos anuales de la extracción de cobre en la mina de Donoso, provincia Colón.

A juicio de los diputados independientes Juan Diego Vásquez y Edison Broce, asi como el dirigente sindical Guillermo Puga, esos fondos no son suficientes y están lejos de solucionar el problema, porque debe ser sostenible en el tiempo, además de olvidar el tema ambiental.

En tanto, Puga, representante del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), señalo que se deben buscar otras vías de ingresos al IVM como la operación de los puertos para que sea viable en el tiempo.

Vásquez por su lado enfatizó que los temas relacionados a la CSS deben atenderse de forma urgente y seria. “Estoy en contra de cualquiera solución que sea un parche. Más aún una que signifique crear otro problema, ambiental y social, para todo el país”, señaló en las redes sociales.

mem/ga

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