Poco después de tomar posesión como presidente de Costa Rica para el período 2022-2026, Chaves firmó este domingo tres decretos ejecutivos, los dos primeros referidos a los temas mencionados, provocando que especialistas y expertos vaticinaran que dentro de un mes el nuevo mandatario lo va a lamentar.
En conferencia de prensa posterior y defendiendo la decisión gubernamental, Chaves indicó «quien no quiera usar mascarilla, que no la use, excepto los trabajadores que dan los servicios de salud».
Los decretos ejecutivos entrarán en vigor una vez publicados en el Diario Oficial La Gaceta. Sin embargo, varios abogados consultados coinciden en que el decreto ejecutivo relacionado con la eliminación de la obligatoriedad de la vacunación estaría reñido con la Constitución tica.
Para la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), uno de los mayores sindicatos del sector salud, resulta preocupante porque amplios sectores de la población tienen mayor riesgo de contagiarse de Covid-19, debido a su fragilidad por edad, condiciones de salud y otras situaciones de vulnerabilidad.
También, este desafortunado decreto sobre la abolición de la mascarilla, vulnera aún más al personal de salud, ya de todas formas muy afectado, a ser objeto de nuevos contagios, que ha causado fallecimientos y múltiples secuelas para muchos funcionarios.
En su comunicado de prensa, Undeca llama al presidente, a la ministra de Salud, a las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social y a la Defensoría de los habitantes para que en resguardo de los derechos fundamentales de los ciudadanos se revise la pertinencia de una decisión de esta naturaleza.
Por otra parte, varios juristas coincidieron en que si bien el decreto ejecutivo que elimina la obligación de vacunarse contra la Covid-19 está amparando por el artículo 150 de la Ley General de Salud; al mismo tiempo infringe el artículo 3 de la Ley Nacional de Vacunación. Ese artículo establece que «(…) son obligatorias las vacunaciones contra las enfermedades cuando lo estime necesario la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE), que se crea en esta Ley, en coordinación con el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social».
Por tanto, apuntan, en la firma del decreto hay una ilegalidad porque se está dictando sin que previamente haya un acuerdo de la CNVE y por tanto cualquier persona podrá impugnarlo a través de la vía contenciosa o por la vía del amparo, ya que viola el derecho a la salud.
El demógrafo Luis Rosero consideró este lunes equivocada la decisión de firmar esos dos decretos en un momento en el que está iniciando otra ola de la pandemia.
«Pienso que posiblemente dentro de un mes se van a arrepentir cuando vean proliferar los casos por miles. Esto venía en aumento, con o sin estos decretos, pero ahora con estos decretos, algo que se estaba poniendo feo, se puede poner peor», alertó.
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