El recurso, presentado contra cinco miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL), fue negado durante una audiencia de varias horas.
De acuerdo con el dictamen, no se vulneraron los derechos al debido proceso ni a la seguridad jurídica de Llori.
Por su parte, la máxima directiva del parlamento y el coordinador jurídico del ente, Santiago Salazar, quien la representó, adelantaron que apelarán el fallo ante la Corte Provincial de Pichincha.
Al respecto, Llori insiste en que sus derechos fueron vulnerados por el CAL al calificar una denuncia en su contra y avalar su evaluación, lo cual podría derivar en su destitución del cargo.
La titular ha hecho todo lo posible por evitar la creación de una comisión para investigar un supuesto incumplimiento de funciones.
No obstante, desde finales del mes pasado comenzó a trabajar la comisión designada para evaluar su gestión.
El grupo quedó conformado por Pamela Aguirre (Unión por la Esperanza), Peter Calo (Pachakutik), Pedro Zapata (Partido Social Cristiano), Lucía Placencia (Izquierda Democrática) y el independiente Jhon Vinueza.
La comisión cuenta con 35 días para realizar el estudio, a partir de la denuncia presentada por el asambleísta Esteban Torres basado en varios argumentos, entre ellos, que no dio paso a una apelación a la presidencia en la sesión 766 correspondiente al pasado 24 de febrero. Además pesa en su contra el hecho de que no reinstaló las sesiones 766 y 759 en el plazo establecido de 30 días, con lo cual incumplió el artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Varios legisladores coinciden en que para el correcto funcionamiento de la instancia, la presidenta debería dejar el puesto.
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