La medida le fue aplicada porque figuraba como ejecutivo de una empresa de su familia cuando era ministro de Transporte y Comunicaciones, lo cual la ley no permite.
La decisión del pleno del Congreso fue aprobada con 67 votos, cinco en contra y 15 abstenciones, validando un informe-acusación de la congresista de izquierda Elizabeth Taipe.
Ante el pleno, el exgobernante que desempeñó el cargo entre marzo de 2018 y noviembre de 2020 sostuvo que la empresa CyM Vizcarra S. A. estaba inactiva desde varios años antes que su instalación como ministro, en julio de 2016.
Los acusadores alegaron sin embargo que igual figuraba como gerente de operaciones y le lanzaron críticas también por haber favorecido con contratos de obras públicas a la compañía constructora Obrainsa cuando, antes de llegar al Gobierno, era gobernador de la sureña región de Moquegua.
El exgobernante fue inhabilitado en abril de 2021 por 10 años, por haberse inoculado ocultamente una vacuna contra la Covid-19 que estaba en fase de pruebas, por lo cual alegó que lo que recibió no era entonces una vacuna probada.
Según la legislación peruana, la inhabilitación a desempeñar funciones públicas solo se aplica por un máximo de 10 años, por lo cual la nueva sanción no se agrega a la primera.
Vizcarra asumió la Presidencia de la República en marzo de 2018, tras la renuncia del derechista Manuel Merino, quien asumió en reemplazo del renunciante Pedro Pablo Kuczynski y dimitió una semana después ante una ola de protestas en su contra.
El exgobernante sancionado hoy fue vacado (destituido) por el Parlamento en noviembre de 2019 y reemplazado por Francisco Sagasti.
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