Según la cancillería británica, la ministra de Relaciones Exteriores, Liz Truss, se comunicó este este jueves con el vicepresidente de la Comisión Europea Maros Sefcovic, y le dijo que el protocolo norirlandés constituye ahora el principal obstáculo para la formación de un gobierno local en ese territorio.
Durante la conversación telefónica, Truss también alegó que el pacto posBrexit pone en peligro los acuerdos de paz de 1998, causa afectaciones inaceptables al comercio y obliga a tratar a la población de Irlanda del Norte de una forma diferente a la del resto del país.
En virtud del tratado de retirada firmado por la UE y el Reino Unido, Irlanda del Norte quedó bajo la jurisdicción del mercado único y la unión aduanera europeos, por lo que todas las mercancías que se trasiegan entre Gran Bretaña y esa provincia británica deben ser sometidas a controles aduaneros para comprobar que cumplen con las regulaciones del bloque.
El llamado protocolo, que según Londres y Bruselas busca evitar el establecimiento de una frontera física entre ambas Irlandas, provoca demoras en la llegada de los productos, y es rechazado sobre todo por los unionistas norirlandeses, que lo ven como una amenaza a su permanencia dentro del Reino Unido.
Para presionar a Londres, el Partido Democrático Unionista (DUP), leal a la Corona, abandonó en febrero pasado el gobierno que comparte con los nacionalistas liderados por el Sinn Fein desde que se firmó la paz en 1998.
El DUP, que perdió la mayoría en la asamblea local en las elecciones de la semana pasada, se niega a nombrar a sus ministros hasta tanto el gobierno central se comprometa a reformar el protocolo posBrexit.
La víspera, el primer ministro conservador del Reino Unido, Boris Johnson, afirmó que los Acuerdos del Viernes Santos que pusieron fin a tres décadas de enfrentamientos armados en Irlanda del Norte son más importantes que el acuerdo posBrexit con la UE.
El bloque europeo se rehúsa, hasta el momento, a renegociar los términos del protocolo y amenaza con tomar represalias legales en caso de que Londres decida eliminar de forma unilateral los controles aduaneros en el Mar de Irlanda.
Según el diario The Times, la procuradora general del Reio Unido, Suella Braverman, aseguró al gobierno que es legal anular algunas partes del protocolo, porque su implementación ha sido desproporcionada e irrazonable, y amenaza la estabilidad política en la provincia británica.
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