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Gobierno chileno retoma la militarización de macrozona sur

Santiago de Chile, 16 may (Prensa Latina) Ante el aumento de la violencia en la macrozona sur de Chile el Gobierno decidió hoy decretar el estado de excepción constitucional, pero de forma acotada, solo a rutas y caminos.
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La ministra del Interior, Izkia Siches, dijo esta noche a la prensa que “es evidente que en el último tiempo hemos tenido un aumento de los actos de violencia en las rutas, cortes de carreteras que ponen en riesgo el libre tránsito y cortan las cadenas de suministros, aumentando el costo de la vida en las zonas más rezagadas de nuestro país».

Estos conflictos hacen más difícil la ejecución de proyectos de desarrollo, perpetuando condiciones de pobreza e inequidad, agregó.

Anunció que el Ejecutivo decidió “hacer uso de todas las herramientas del Estado para brindar seguridad a nuestros ciudadanos, decretando Estado de Emergencia para el resguardo de las rutas de las provincias de Arauco y Biobío”.

Con ello, comentó, pretenden permitir el libre tránsito de las personas, el abastecimiento, y la ejecución de las políticas que puedan mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos territorios.

Esta determinación, a través de un decreto presidencial, fue enviada a Contraloría para que hiciera revisión de la medida.

Remarcó que se haría de manera acotada, es decir, se implementaría en ciertos tramos de rutas y caminos previamente delimitados.

Además, la capacidad de las acciones que puedan realizar los militares desplegados en la zona deberá provenir directamente desde una instrucción presidencial.

Una de las prioridades del Gobierno de Gabriel Boric, quien asumió la presidencia el pasado 11 de marzo, es solucionar el conflicto en esta zona que vive episodios de violencia rural los cuales han tomado forma de disturbios, ataques a maquinaria agrícola y predios, incendios y tiroteos con víctimas mortales.

Parte de esos sucesos se enmarcan en el llamado conflicto mapuche, que enfrenta al Estado y al principal grupo indígena del país que reclama las tierras que habitaron durante siglos y que actualmente están en manos de compañías agrícolas y forestales.

Al asumir la presidencia de Chile, Boric aseguró que no renovaría el estado de excepción y dijo que seguirían buscando maneras de detener estos sucesos, entre ellas el diálogo.

En esa línea, el pasado 26 de marzo el Gobierno puso fin al estado de excepción que regía en ese territorio desde octubre pasado a solicitud del expresidente Sebastián Piñera.

La ministra Siches reconoció este lunes que están ante “un problema complejísimo” ante el cual deben actuar de forma coordenada como sociedad.

Enfatizó que “nuestro Gobierno está comprometido con una agenda de reconocimiento de nuestros pueblos indígenas con los que tenemos una deuda centenaria, entre el Estado de Chile y, particularmente, el pueblo mapuche”.

Siches anunció que la determinación del Ejecutivo contempla además otras medidas, como el inicio de diálogos con representantes del pueblo mapuche con apoyo de Naciones Unidas.

A estas se suman también la petición de un fiscal especial para la zona que investigue delitos como el narcotráfico y el robo de madera, y la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas.

jcm/lpn

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