El robo se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil, donde rige desde finales de abril pasado Estado de excepción por el aumento de la delincuencia y la violencia.
El titular explicó en su cuenta en la red social Twitter que a raíz del incidente en la zona 8, tres agentes del orden están sometidos a la administración de justicia y que se determinará la cadena total de responsabilidades.
Carrillo precisó que las armas estaban en proceso de destrucción e inhabilitadas para el uso policial.
Asimismo, añadió que se presume ausencia de controles y un hurto sistemático por un periodo de tiempo sin adecuada supervisión.
Finalmente sentenció: «La corrupción es un fenómeno que mina las instituciones. La transparencia genera confianza».
Las armas hurtadas fueron entregadas a la Policía Nacional en 1991, según aclaró en rueda de prensa Fausto Salinas, nuevo comandante general de la Policía Nacional.
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