La Ley de Protección al Consumidor de Productos y Servicios Financieros reconoce que el Estado debe implementar medidas para proteger los derechos de los consumidores financieros contra el fraude mediante el uso indebido de las redes y herramientas informáticas.
De acuerdo con la nueva legislación, es política estatal garantizar que se establezcan los mecanismos apropiados para proteger los intereses de los consumidores de productos y servicios financieros en condiciones de transparencia.
La ley RA 11765 otorga autoridad a los reguladores financieros para formular sus propios estándares y reglas de conducta empresarial.
También concede a esos actores la autoridad para imponer acciones coercitivas a sus respectivos proveedores de servicios financieros supervisados por incumplimiento de esta ley y otras existentes en el campo del ciberdelito.
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