“Todos sabemos que las mayores cantidades de tierra productiva están en el oriente boliviano, pues ahí tenemos que trabajar en la verificación”, afirmó en declaraciones a medios periodísticos en referencia a lo establecido por la Constitución Política del Estado.
Al instar a aplicar la carta magna, el jefe del área adscrita a la cartera de Desarrollo Rural y Tierras, evocó el respaldo de su artículo 393.
Ese apartado de la normativa establece que “el Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y comunitaria o colectiva de la tierra, en tanto cumpla una función social o una función económica social, según corresponda”.
Durante la década de 1950, tras de la denominada Revolución Nacional, el gobierno de Víctor Paz Estenssoro ejecutó una política de poblamiento de las zonas agrícolas susceptibles de desarrollo.
En ese contexto grandes terratenientes recibieron extensos terrenos entonces rurales y selváticos del departamento de Santa Cruz, y además se fomentó la inmigración de grupos familiares para desarrollar las riquezas agropecuarias.
Gente de empresa bolivianos y familias menonitas –llegados de Alemania, Suiza, México y Belice- adquirieron grandes extensiones con un escaso pago por hectárea.
Según Mollinedo, las ventajas estatales facilitadas durante casi medio siglo convirtieron a esa zona en fuente de una potente agroindustria, que ahora debe garantizar la seguridad alimentaria.
“Si no lo hacen –advirtió el vicetitular-, el Estado las revertirá y las entregará a la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria (EBPA) para fortalecer la soberanía alimentaria”, enfatizó.
La EBPA fue constituida en abril del año en curso con el objetivo de ampliar la presencia estatal en el la esfera productiva, de procesamiento y transformación de las mercancías agrícolas y pecuarias.
En declaraciones al canal estatal Bolivia TV, por su parte, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, reiteró que el Gobierno espera que los grandes empresarios que dejaron de sembrar maíz para privilegiar otros cultivos recapaciten.
González sostuvo que la reversión de tierras está prevista en la Constitución, la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria y la Ley de Reconducción Agraria.
Recordó que desde 2017 y 2018 los empresarios mermaron la superficie dedicada al cultivo del maíz.
“En esos años teníamos superávits de 165 mil toneladas, luego bajó a 140 mil, 120 mil, y este año ha sido muy fuerte el bajón y solo tenemos 34 mil toneladas de superávit”, concluyó el titular.
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