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Burkina Faso acosada por la inseguridad

La Habana, 18 may (Prensa Latina) La muerte de 40 ciudadanos en ataques terroristas perpetrados en Burkina Faso, confirmó el declive de la seguridad del país fronterizo con Mali, Níger, Costa de Marfil, Ghana, Togo y Benin.

Según fuentes de crédito, cuatro ataques de radicales –dos en la provincia de Ouadalan y los otros cerca de lindes con Benin y con Mali -, causaron 40 víctimas fatales, entre miembros de Voluntarios para la Defensa de la Patria (auxiliares que apoyan al Ejército) y civiles.

En ese Estado africano afectado por el conflicto bélico, surgen nuevos escenarios muy complejos en los cuales los terroristas violan, asesinan a su antojo e imponen el caos y el miedo en las poblaciones a las que impiden denunciar esos actos de barbarie.

Se trata de la actuación con mayor incidencia en la realidad nacional y en la semidesértica franja saheliana de grupos a armados fundamentalistas que enfrentan a los ejércitos y en los casos de Mali y Burkina Faso precedió a sendos golpes de Estado.

En un artículo sobre la “falsa Yihad”, o Guerra Santa islámica,m Beatriz Mesa dice que “el discurso de defensa de los dogmas y de los valores del Islam contra el enemigo exterior; contra la democracia y la libertad de espíritu, quedaba relegado en un segundo plano” ante criterios materiales de supervivencia, comodidad y estatus social.

No obstante los códigos subrepticios señalados, desde hace siete años el país -ahora encabezado por la junta militar del teniente coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba- sufre un acelerado deterioro de su estabilidad debido al incremento de acciones de una pretendida lucha contra supuestos enemigos del Islam.

Fuera del cariz confesional que asume la violencia existe un pulseo por el poder, el cual cobró mayor fuerza en enero pasado cuando los militares derrocaron al presidente, Roch Marc Christian Kaboré, a quien acusaron de inepto en el enfrentamiento a la insurgencia, principalmente en la región norteña.

Conforme con datos de organizaciones de auxilio y la ONU, la contienda armada mató a miles de ciudadanos y desplazó a cerca de dos millones, así como provocó situaciones de emergencia humanitaria.

La escalada de agresiones mayormente contra la población civil se corresponde con la percepción ciudadana de que sufre desprotección, lo cual intensifica las migraciones y el consecuente aumento de desplazados internos, así como de refugiados en países vecinos.

Al respecto, observadores distinguen que el ascenso de la violencia extremista genera como efecto colateral los enfrentamientos entre comunidades en el occidente del Sahel, donde se halla Burkina Faso, en cuya septentrional villa de Solhan el pasado año ocurrió la peor matanza de la historia.

En junio aquella aldea minera fue víctima de un ataque terrorista –perpetrado en su mayoría por niños soldados- que causó más de un centenar de residentes muertos. Después de esa masacre el terror ganó más espacio en el País de hombres dignos, como lo denominó el presidente Thomas Sankara, asesinado en un complot en 1987.

Según observadores políticos, la Yihad –representada por Al Qaeda y el Estado Islámico- pretende aprovechar la inestabilidad de la frágil construcción estatal y el vacío de poder que sucedió al golpe de Estado comandado por Sandaogo Damiba, aunque las tropas la están combatiendo con firmeza.

A la degradada seguridad se unen las fuertes críticas de que es objeto Burkina Faso por parte de la Comunidad Económica de África Occidental (Cedeao) que le suspendió su membrecía a raíz del derrocamiento de Christian Kaboré y le impuso una serie de sanciones. Esas medidas restrictivas continúan activas contra la administración castrense establecida en Ouagadougou, la cual demandó un período de 36 meses para ejecutar su proceso de transición política para retornar a la autoridad civil, período que rechaza la Cedeao y la oposición interna.

La civilidad exigida podría reducir las presiones sobre la autoridad militar, pero probablemente no logre resolver el problema de la violencia como antes tampoco pudo solucionarlo el gobierno de Christian Kaboré, ni lo lograron detener los países vecinos de Burkina Faso: Mali y Níger, también afectados por los asaltos extremistas.

En esa línea -opinan observadores- la opción viable es continuar trabajando unidos en el reforzamiento de la defensa, tanto de los tres países como de toda la subregión africana del Sahel, amenazada por la propagación del radicalismo armado, al parecer, interesado en marchar hacia el litoral africano del mar Mediterráneo.

mem/to/mt

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