«Y en nombre de esta beligerancia, que afecta desproporcionadamente a las regiones periféricas de los centros urbanos, el Estado justifica una serie de violaciones de derechos de los jóvenes de las favelas», afirmó a la sección Escáner de Prensa Latina la profesora Luciana Boiteux, doctora en Derecho Penal por la Universidad de Sao Paulo.
Denunció que, en la localización de territorios, incluso en grandes ciudades como Río de Janeiro, existen espacios muy vulnerables, en los cuales la policía ingresa sin orden judicial, practica la violencia contra la población pobre y tiene como consecuencia un número muy alto de muertes de jóvenes negros.
No resulta nada nuevo asegurar que las favelas son vistas por una parte de la sociedad brasileña como comarcas de precariedad y carencia, anárquica, violenta, que necesita ser vigilada y reprimida.
Ciertos entendidos alegan que el narcotráfico no se traduce en una estructura organizada con normas claras y definidas, según la imagen transmitida por medios de comunicación de un «Estado paralelo».
Persisten muchos conflictos entre diferentes facciones del crimen y fluctuaciones en su supuesta organización. Sin embargo, aunque de forma dislocada, el comercio de tóxicos se mantiene y robustece a través de vínculos con agentes nacionales e internacionales.
En este caso el proceso de globalización facilita su mantenimiento, expansión e ingresos. Actividades vinculadas al flagelo crecen cada año, interconectando prácticas ilícitas de diversos tipos, como el tráfico de armas, niños esclavos, mujeres, órganos humanos y la biopiratería.
Tal entrelazamiento favorece el camuflaje de blanqueo de dinero, que brota principalmente a través de la inversión en el mercado financiero.
En Río, punto estratégico en la ruta internacional del narcotráfico, están disponibles para la venta aproximadamente 600 de sus mil 20 favelas.
Se estima que 16 mil 300 personas trabajan para el millonario cambalache de drogas en la ciudad y resulta controlado por cuatro grandes traficantes y tres facciones: Comando Vermelho, Terceiro Comando y Amigos dos Amigos.
La ruta de la droga hacia la urbe carioca atraviesa países vecinos de Sudamérica. Una gran parte del crack y la cocaína procede de Bolivia, Perú y Colombia, mientras la marihuana, de Paraguay.
PUNTO DE MIRA DEL FUSIL
Estudios certifican que en las últimas décadas la figura del traficante, directamente asociada a la imagen estigmatizada de las áreas perimetrales, llega a representar el enemigo número uno del país en el imaginario popular.
Lo anterior acentúa aún más el carácter represivo de las políticas públicas que llegan a ese conjunto de viviendas, las cuales ocupan, de forma desordenada y densa, terrenos de propiedad ajena (pública o privada) y que no tienen acceso a los servicios públicos esenciales.
Es a través del punto de mira del fusil que el Estado aguza los sentidos hacia las favelas y los contornos, así como en relación con la política de drogas.
Analistas refieren que los impactos de la guerra contra las sustancias prohibidas recaen en la sociedad de forma selectiva y desigual.
Pese a que las drogas son ilegales para todo el mundo, la guerra no afecta a los jóvenes de forma homogénea, pues los negros tienen más probabilidades de ser asesinados.
La raíz del problema está en la propia forma en que se cimentaron las políticas antinarcóticos, siempre apostando por la represión de su comercio minorista y la violencia contra las poblaciones pobres, negras y periféricas.
Investigadores atestiguan que la estrategia prioritaria adoptada por los gobiernos es de confrontación y guerra.
Resultan muy conocidas las tácticas de combate al mercado ilegal de estupefacientes: frecuentes incursiones policiales bajo uso irrestricto de aparatos bélicos, con el objetivo declarado de desmantelar organizaciones criminales e incautar productos ilegales.
«La letalidad policial en Brasil es una de las mayores del mundo y la defensa es el combate al narcotráfico. Tenemos una política de drogas en la cual la policía es reforzada y autorizada a usar armamento muy pesado en determinadas zonas y la justificación es enfrentar el tráfico de sustancias ilícitas», señaló a Escáner la también investigadora en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Federal de Río.
En este contexto, se violan sistemáticamente derechos básicos y lo que es peor: se pierden cientos de vidas, sobre todo de jóvenes negros.
De acuerdo con resultados de una encuesta de la empresa especializada en consultas Vox Populi, encargada por el Partido de los Trabajadores (PT), el 75 por ciento de los brasileños reconoce que la policía actúa con más violencia contra los negros.
Ese mismo porcentaje de interrogados estimó que el PT hizo más por los pobres, cuando Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) y Dilma Rousseff (2011-2016) encabezaban el Gobierno.
La muerte de George Floyd -asfixiado hasta la muerte por un policía en Estados Unidos que lo inmovilizó arrodillándose en su cuello el 25 de mayo de 2020-, desencadenó un amplio debate sobre el racismo y la adopción de una nueva política de seguridad pública.
El estudio reveló que el 60 por ciento de los encuestados piensa que el Ejecutivo brasileño tiene la obligación de apoyar a la población negra (más del 60 por ciento de casi 213 millones de habitantes del país) con medidas especiales en educación, salud y acceso a empleos públicos.
Ante los hechos, el PT aboga por reanudar las políticas afirmativas, especialmente en un momento en que Brasil se enfrenta al escandaloso apartheid social, agravado por el Gobierno de Jair Bolsonaro, y el aumento de las diferencias por la pandemia de Covid-19.
ENEMIGO SIN ROSTRO
La desigualdad social afecta la consolidación de grupos marginados que participan activamente en hechos delictivos, como el tráfico de drogas, el cual se presenta como un enemigo sin rostro, potente, difuso y muy difícil de localizar.
A pesar de lo indefinido del azote, Brasil pudo ajustarse desde 1990 a la creciente sensación de urgencia que el tema de los compuestos indebidos despertó en la opinión pública y en los responsables políticos.
Bajo presión de Estados Unidos, varios países sudamericanos comenzaron por esa década a revisar el papel que deben desempeñar las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia, pues el problema estaba siendo tratado como una amenaza a las estructuras del Estado.
La comercialización ilegal de drogas no solo afectaba a los consumidores, sino también a otros sectores como la economía, la política y seguridad públicas.
Al reformular una tendencia que intentaba consolidarse internacionalmente, Brasil no solo endureció sus políticas de represión contra el narcotráfico, sino también comenzó a utilizar a las Fuerzas Armadas.
Los esfuerzos de lucha se concentraron en las fronteras, por las cuales entraban grandes cantidades de ingredientes letárgicos para su comercio y consumo.
En ese entorno, explicó a Escáner la estudiosa Boiteux, irrumpe la militarización de la seguridad nacional y la Constitución de 1988 resultó el marco de la transición de la dictadura empresarial militar para la democracia.
Detalló que «el problema del discurso en el régimen castrense (1964-1985) era que el de la seguridad nacional, como justificación para la intervención de las Fuerzas Armadas, de la policía contra la disidencia política, se cambió para el de la seguridad interna, de la Seguridad Pública».
Pero, notó, muda también el blanco, «entonces los albos de la represión que en la dictadura eran los disidentes políticos, los grupos de izquierda opositores, en democracia se cambió el discurso, con la justificación de combatir el narcotráfico y garantizar la Seguridad Pública».
Entonces durante el Gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), las Fuerzas Armadas y la Policía Federal ganaron algunas prerrogativas en la lucha contra las sustancias ilícitas. La primera comenzó a apoyar a la segunda en operaciones de combate contra el narcotráfico en la Amazonia en áreas de inteligencia y logística.
HUMANIZAR POLÍTICAS ANTIDROGAS
Si comparamos estos delicados asuntos entre los gobiernos Lula-Rousseff y Michel Temer (2016-2018)-Bolsonaro brota una explicación necesaria, particularizó Boiteux.
Brasil, narcotráfico y políticas de seguridad
Aseveró que en «el primer mandato de Lula (2003-2007) hubo un cambio muy importante en la ley de drogas: la despenalización para el consumidor que no puede ser más encarcelado, pero por otra parte se reforzó la represión contra el traficante, por supuesto contra el narcotráfico».
De alguna manera, añadió, «se intentó al menos humanizar las políticas antidrogas y colocar un acomodo en la idea de contención que continuó después en la administración de Rousseff».
A las claras, prosiguió la investigadora, «los militares conquistaron más espacios y afloró una excesiva utilización de lo que llamamos operación de ley de orden, que son acciones policiales represivas en territorios vulnerables».
En estos procedimientos, el Gobierno autorizó a las Fuerzas Armadas a una actuación directa en la Seguridad Pública.
Sin embargo, esclareció a Escáner la doctora en Derecho Penal, el ápice de esta política de militarización se dio con Temer-Bolsonaro y con el primero resultó evidente la intervención.
Rememoró que, «por ejemplo en Río, donde vivo, con la nominación de un general del Ejército para comandar la Secretaría de la Seguridad Pública. Y justo en este momento no se garantizó la vida de Marielle Franco», concejala negra y defensora de los derechos humanos.
Franco, del Partido Socialismo y Libertad, y su chofer Anderson Gomes fueron ultimados en una céntrica zona de Río en la noche del 14 de marzo de 2018. Trece disparos de una subametralhadora HK MP5, de alta precisión y utilizada solo por fuerzas policiales de élite, alcanzaron el vehículo en que se trasladaban.
Las familias de ambos aseguran haber perdido la esperanza en el esclarecimiento del crimen.
«Nuestra compañera de lucha, una mujer electa para la Cámara municipal, resultó víctima de un asesinato bárbaro y hasta ahora no se sabe quién mandó a matar a Marielle Franco», revalidó Boiteux.
Insistió en que en el Gobierno de Bolsonaro, el proceso quedó mucho peor e incluso con la reducción del control de armamento, la ocupación cada vez mayor de cargos por militares y una lógica de un discurso, el cual no controla a los policías y los autoriza, junto al Ejército, a actuar con violencia y represión.
«Ahora es el peor momento de la militarización en Brasil desde el fin de la dictadura militar», subrayó.
Para la curtida académica, esto no es constitucional ni legal porque la idea es separar el desempeño de las Fuerzas Armadas, la cual tiene que proceder para garantizar la protección de territorios, de fronteras contra el enemigo externo.
«El actuar directamente en la Seguridad Pública tiene que ser ejercido por los policías en los estados e incluso el entrenamiento de los militares es para combatir al enemigo externo.
“Lo que tenemos en los territorios vulnerables de Brasil son hombres y mujeres pobres, trabajadoras, de población negra victimada en nombre del combate contra el narcotráfico», puntualizó.
arb/avs/ocs
