Por Néstor Marín
Corresponsal de Prensa Latina en Reino Unido
Considerado como la solución ideal para preservar los acuerdos de paz del Viernes Santo de 1998, ya que evita el establecimiento de una frontera física entre ambas Irlandas, el controvertido mecanismo es una fuente constante de tensiones desde su entrada en vigor a inicios de 2021.
En virtud del protocolo, no existen controles terrestres en la línea divisoria común, pero toda vez que la provincia británica sigue por ahora dentro del mercado común y la unión aduanera europeos, es necesario verificar que las mercancías procedentes de Gran Bretaña cumplan con las regulaciones sanitarias y las normas de producción del bloque.
La solución acordada por Londres y Bruselas -trasladar los chequeos a los puertos de entrada a Irlanda del Norte-, provoca retrasos en los suministros, escasez de productos y, sobre todo, la ira de los unionistas norirlandeses, un amplio sector de la población fiel a la Corona que ve amenazada la posición del territorio dentro del Reino Unido.
BLOQUEO POLÍTICO
Para presionar al gobierno central a que renegocie o revoque el protocolo, el Partido Unionista Democrático (DUP) abandonó en febrero pasado su puesto en el Ejecutivo regional.
La decisión se tradujo en un bloqueo político de las instituciones locales porque los acuerdos del Viernes Santo, que pusieron fin a 30 años de violencia armada, lo obligan a compartir el poder con las fuerzas republicanas.
El pasado 5 de mayo, el DUP perdió por primera vez en 100 años la mayoría en la Asamblea local ante sus rivales del Sinn Fein, el antiguo brazo político del extinto Ejército Republicano Irlandés que aboga por la reunificación de la provincia británica con Irlanda.
Tras la derrota, los unionistas persisten en su negativa a formar gobierno, y los republicanos, que tienen pretensiones de promover en el futuro la celebración de un referendo fronterizo, los acusan de mantener a la sociedad como rehén en momentos en que es imperativo legislar para lidiar con el aumento del costo de la vida.
ACCIÓN UNILATERAL
Para tratar de conjurar la crisis interna, el gobierno central que lidera el primer ministro conservador, Boris Johnson, pide flexibilidad a la UE, pero el bloque se niega a renegociar algo ya acordado como parte del Tratado de Retirada.
En respuesta a la posición asumida por Bruselas, Londres anunció que se arrogará el derecho de modificar de forma unilateral algunas de las partes del protocolo.
Según declaró en el Parlamento la canciller británica, Liz Truss, aunque el gobierno preferiría encontrar una solución negociada con la UE, en las próximas semanas se presentará un proyecto de ley con los cambios propuestos.
Adelantó, no obstante, que la legislación busca establecer un “canal verde” para las mercancías procedentes de Gran Bretaña con destino a Irlanda del Norte, y mantener los controles solo para las que seguirán viaje al espacio de la UE, representado en este caso por la República de Irlanda.
También se eliminarían las barreras regulatorias para los productos elaborados en el resto del Reino Unido que se venden en esa provincia británica.
El anuncio fue recibido con reservas tanto por la oposición como por algunos miembros del partido gobernante, ante la posibilidad de que la modificación unilateral del protocolo infrinja los compromisos internacionales adquiridos por el país como parte del Brexit, y desate una guerra legal y comercial con el bloque.
Los temores de los legisladores no estarían muy descabellados a juzgar por la reacción de la UE, la cual advirtió a Londres que responderá con todos los medios a su disposición a cualquier intento de deshabilitar los elementos constitutivos del protocolo norirlandés.
Estados Unidos, garante de los acuerdos del Viernes Santo, también se mostró alarmado de que una eventual modificación unilateral del mecanismo ponga en peligro la paz en la provincia británica.
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