El 19 de julio de ese año, policías y colonos fusilaron a más de 300 miembros de los pueblos qom y moqoit, que protestaban por mejores condiciones de vida y el fin de los abusos cometidos contra ellos en los campos donde los obligaban a trabajar en condiciones de esclavitud.
La llamada Masacre de Napalpí tuvo entre sus víctimas a niños y ancianos, mutilados y enterrados en fosas comunes.
Tras esos sucesos, continuó la persecución y represión de los sobrevivientes.
Casi un siglo después, el 19 de abril de este año, comenzó el primer juicio en esta nación sobre crímenes ese tipo, el cual reconoció la responsabilidad del Estado en la «planificación, ejecución y encubrimiento del homicidio con ensañamiento e impulso de perversidad brutal en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas”.
La jueza federal Zunilda Niremperger consideró que esta sentencia constituye por sí misma una forma de reparación y ordenó la traducción de los alegatos finales a las lenguas qom y moqoit.
Además, orientó al Equipo Argentino de Antropología Forense continuar con las excavaciones, búsqueda y exhumación de fosas comunes y restituir a la comunidad los restos óseos encontrados.
Por otra parte, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores divulgar la sentencia en organismos internacionales y la inclusión del caso en el plan educativo nacional.
Asimismo, el Estado deberá realizar un acto público de reconocimiento de la responsabilidad en los crímenes y crear un museo y sitio de memoria en el Edificio Histórico de la Administración de la Reducción Napalpí.
Niremperger solicitó fortalecer las políticas de prevención y erradicación del odio, racismo, discriminación y xenofobia, así como el respeto a los derechos de los pueblos indígenas.
También exhortó al Congreso de la Nación a la declarar el 19 de julio como Día Nacional de conmemoración de esos sucesos.
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