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Indigna a juristas suspensión de audiencia a expresidente panameño

Ciudad de Panamá, 20 may (Prensa Latina) A merced de las tretas legales, catalogaron hoy juristas la nueva suspensión de la audiencia contra el expresidente panameño Ricardo Martinelli( 2009-2014), acusado de blanqueo de capitales.
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La vista que implica además a otras 21 personas sobre la compra de la Editora Panamá América (Epasa), supuestamente con fondos públicos a través de la sociedad New Business, fue pospuesto la víspera debido a la ausencia de seis abogados.

La jueza Baloisa Marquínez anunció una nueva fecha: del 4 al 6 de julio próximo, al tiempo que el Tribunal Electoral levantó el fuero penal que protegía al también presidente y fundador del partido Realizando Metas, una coraza legal que por el momento le había servido para evitar este caso.

El que se suspendiera por tercera ocasión la audiencia de este proceso generó indignación. “Burla descarada a la justicia”, lo calificó el expresidente de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, Carlos Barsallo.

Los abogados de la defensa que no justificaron su ausencia a la vista oral fueron multados, pero el fiscal especializado contra la delincuencia organizada, Emeldo Márquez, quien lleva el proceso, dijo sentirse incómodo por esa falta.

Aseguró que el Ministerio Público (MP) estaba preparado para presentar sus argumentos, en cuanto a la vinculación que se hace contra los implicados en el blanqueo de capitales.

La primera audiencia de este caso estaba programada para el 12 de noviembre de 2021, pero fue suspendida luego de que surgieron errores en la notificación de uno de los imputados.

Se reprogramó para los días 27, 28, 29 y 31 de enero de enero pasado, pero al iniciarse la diligencia surgió el tema del fuero electoral penal de Martinelli.

El exgobernante fue llamado a indagatoria por este caso el 2 de julio de 2020. Sin embargo, cuando acudió a la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada –que lleva el caso– se acogió al artículo 25 de la Constitución para no declarar contra sí mismo y alegó que lo amparaba el principio de especialidad consignado en el tratado de extradición entre Panamá y Estados Unidos.

La investigación de 168 tomos comenzó el 6 de marzo de 2017. De acuerdo con la fiscalía, los desembolsos en el caso New Business fueron entregados por empresas que, a su vez, recibieron contratos para distintas obras de infraestructura, acciones ejecutadas en la administración de Martinelli.

En esa lista sobresalen la autopista Arraiján-La Chorrera, la ciudad deportiva de la caribeña provincia de Colón y la construcción en la capital del nuevo edificio de la Asamblea Nacional (Parlamento), entre otras.

La fiscalía determinó que la compra de las acciones del Grupo Epasa, que publica tres diarios de circulación nacional, se efectuó mediante transacciones internacionales que permitieron recolectar entre el 15 y 17 de diciembre de 2010 unos 43,9 millones de dólares en un banco offshore.

/ga

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