Las medidas de la UNE comprenden una huelga de hambre iniciada el pasado 3 de mayo ante la Corte Constitucional, en Quito, y en un parque en Guayaquil.
El reclamo de los docentes es que la Corte se pronuncie a favor de la aplicación de las reformas aprobadas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), entre ellas un aumento en los pagos.
La huelga involucra a unas 30 personas, entre ellas profesores, representantes de organizaciones sociales, juveniles y de mujeres, padres de alumnos y la presidenta de la UNE, Isabel Vargas.
En declaraciones a medios de comunicación, la dirigente señaló que en la audiencia pública realizada el pasado jueves se presentaron recursos de amicus curiae a favor de los pedidos, los cuales estimó como justos y un pendiente de la administración nacional.
Asimismo, recalcó que el ejecutivo no gobierna para los 17 millones de ecuatorianos, sino en beneficio de un grupo de empresarios y banqueros, quienes se llevan en peso el país.
En la huelga de hambre también participan líderes barriales y el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Ecuador, Mauricio Chiluisa.
Otras acciones desarrolladas por la UNE incluyen marchas, protestas y paralizaciones de vías en varias ciudades, contra la decisión presidencial de vetar las modificaciones a la LOEI, avaladas por la Asamblea Nacional y cuya implementación depende de un fallo de la Corte Constitucional, que deberá emitirse hasta el venidero 23 de mayo.
La equiparación implica un fondo de 500 millones de dólares que según el ejecutivo no están disponibles, pero a juicio de los maestros sí existen las fuentes de financiamiento.
Los recursos para el alza saldrían de la venta del petróleo o de la recaudación tributaria, por lo cual insisten en que el problema es la falta de voluntad política del gobierno.
Entre los argumentos presentados consta que el resto de los servidores públicos fueron beneficiados en años anteriores con aumentos en sus pagos básicos, excepto el magisterio.
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