Al respecto, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York confirmó recientemente la solicitud de nueve años de prisión para Ricardo Alberto; y 11 años a Luis Enrique.
Los Martinelli Linares han confesado incluso su participación en el blanqueo de 28 millones de dólares en coima con la constructora brasileña Odebrecht, de cuyos ilegales manejos se benefició un pariente suyo y alto funcionario en la etapa 2009-2014.
Los pupilos del multimillonario exgobernante fueron extraditados el pasado año al norteño país desde Guatemala, acusados de conspiración para lavar sobornos hechos por y bajo la dirección de Odebrecht a un pariente y funcionario de alto rango entre los años 2010 y 2014.
En la corte Luis Enrique llegó a declararse culpable de conspirar con su hermano para lavar los altos montos procedentes de sobornos pagados por la constructora y también mencionó a otras personas, cuyos nombres no especificó, que también conspiraron para establecer cuentas bancarias fuera de Panamá.
Los herederos del exmandatario del istmo fueron arrestados el 6 de julio de 2020 en Guatemala cuando intentaban abandonar esa nación en un avión privado.
Los dos fueron encarcelados a solicitud de Washington por más de 17 meses en la prisión del cuartel militar Mariscal Zavala, en el noreste de Ciudad de Guatemala, hasta sus respectivas extradiciones.
El 4 de febrero de 2021 los Martinelli Linares son acusados oficialmente por la fiscalía estadounidense de participar en una trama de sobornos y blanqueo de capitales y hasta el momento permanecen en el centro de detención federal de Brooklyn sin derecho a fianza.
Para diversos analistas este caso muestra la vergüenza de que Panamá y su administración de justicia aún no hayan podido llevar a juicio a los responsables locales del desvío de millones de dólares destinados a obras de infraestructura pública.
Sobre el tema, el abogado Carlos González, opinó que el proceso pone en entredicho la eficiencia de la justicia en el país centroamericano.
El experto sustenta que si bien en Panamá hay algunos operadores de justicia que intentan hacer su trabajo, los mecanismos para garantizar la impunidad de los corruptos siguen intactos.
“El problema no es que haya corrupción, lo cual puede ocurrir en cualquier parte del mundo, el problema es que no se castiga”, remarcó.
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