El 19 de mayo el Senado aprobó un nuevo paquete de asistencia militar para Ucrania, lo cual es considerado por expertos como algo que prolongará y profundizará el conflicto.
El proyecto, que consiguió el apoyo de 86 senadores y el rechazo de 11 de ellos, deberá ser firmado por el presidente y permitirá al Pentágono continuar la transferencia de armamento al país europeo por más tiempo, mientras se llenan las arcas del complejo militar industrial.
Esa medida fue aprobada la semana pasada en la Cámara Baja, pero sufrió un percance temporal en la Cámara Alta cuando el senador republicano Rand Paul se opuso a ampliar el apoyo a las fuerzas ucranianas ante los problemas económicos internos. Precisamente Paul fue uno de los 11 senadores republicanos que votaron contra la legislación.
Cuando el conflicto en Ucrania llega casi a los tres meses, la posibilidad de una salida negociada parece cada vez más lejana, advierten analistas que critican a Washington por su estrategia centrada en escalar el enfrentamiento bélico y las sanciones económicas contra Rusia.
Por otra parte, Naciones Unidas alertó que la guerra en Ucrania cobrará millones de vidas al desencadenar la peor hambruna mundial de la historia.
A causa del conflicto y la falta de interés de occidente en una negociación diplomática, millones de toneladas de cereales para su envío están bloqueados en los puertos ucranianos, al igual que fertilizantes vitales para la producción en todo el mundo están a la espera en Rusia.
Cuando crecen los problemas internos en asuntos como el aborto, la falta de alimentos para niños, la violencia de las armas de fuego, el presidente Biden inició la víspera una gira por el Lejano Oriente deseoso de demostrar el supuesto liderazgo estadounidense entre sus aliados.
El mandatario dedicará las próximas horas y el fin de semana a visitar Corea del Sur y Japón, en busca de reforzar alianzas contra China y la República Popular Democrática de Corea, países a los que ve como presuntos enemigos en esa parte del mundo. No se descarta una declaración conjunta con Tokio para aumentar la presión sobre el gigante asiático.
Sin ser una sorpresa para algunos expertos, el viernes el juez Robert R. Summerhays, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Occidental de Luisiana, emitió una orden judicial preliminar que ordena al gobierno mantener el Título 42 en vigor por ahora, posponiendo de hecho lo que casi con seguridad serían decenas de miles de nuevas admisiones de inmigrantes.
De esa forma se mantendrán las expulsiones de inmigrantes, cifra que ya supera los dos millones, y se bloquea una acción gubernamental para suspenderlo el próximo lunes.
El Título 42 es una orden de salud relacionada con la pandemia de coronavirus que fue impuesta durante el gobierno de Donald Trump y cuyo vencimiento estaba programado por la Administración de Biden para el próximo lunes 23 de mayo, lo que abriría las puertas a los solicitantes de asilo en la frontera por primera vez en más de dos años.
Veinticuatro estados, encabezados por Arizona, Luisiana y Missouri, demandaron el 3 de abril, dos días después de que el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades anunciara el levantamiento de la orden de salud pública, argumentando que la aplicación continua del Título 42 era necesaria para evitar la amenaza de una «ola de migración ilegal y tráfico de drogas».
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