La propuesta fue analizada por la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral que aprobó el texto, mediante el cual se establecen los mecanismos para la actuación de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria ante hechos de criminalidad.
El documento sugiere normar el uso legítimo y excepcional de la fuerza por parte del Estado para proteger los derechos, libertades y garantías ciudadanas, así como precautelar el derecho a la seguridad integral de sus habitantes.
Previo a la aprobación del informe, la Comisión sometió el proyecto a un proceso de socialización, en el cual escuchó y procesó las observaciones de asambleístas y más de 60 representantes institucionales, gremiales y sociales, colectivos ciudadanos, expertos en la materia y sectores directamente interesados.
En ese contexto también realizó mesas técnicas con la participación de delegados del Ministerio del Interior, Comandancia de Policía, Defensoría del Pueblo y otras entidades estatales, así como con organizaciones de la sociedad civil.
De acuerdo con el asambleísta Ramiro Narváez, presidente de la mesa parlamentaria, además de otorgar las herramientas legales al personal de esas instancias, el proyecto busca establecer la prevención y protección en relación con el uso legítimo de la fuerza en situaciones que involucren a niños, adolescentes y otros grupos de atención prioritaria.
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