La unicameral legislatura centrará sus primeras sesiones en el nombramiento del titular de la entidad y en conformidad con el presidente de la nación asignar una figura sunita para encabezar el próximo gobierno.
De acuerdo con el pacto nacional para la independencia de Francia en 1943, Líbano estableció que el presidente de la República debe ser cristiano maronita, el primer ministro musulmán sunita y el titular del Parlamento chiita, y así sucesivamente con los otros cargos.
En ese sentido, el líder del Movimiento Amal, Nabih Berri, aparece como fuerte candidato a recibir el voto de los parlamentarios por séptima ocasión desde 1992. De 84 años, Berri recibió el respaldo del bloque Desarrollo y Liberación para la presidencia del órgano legislativo y junto a su aliado Hizbulah (Partido de Dios) obtuvieron 31 escaños en los comicios para ratificar el dominio chiita en la nación.
En el último Consejo de Ministros antes de pasar a la etapa de transición, el jefe de gobierno, Najib Maqati, recalcó a los diputados que cualquier retraso en el cronograma legislativo será costoso para el país, que arrastra hoy a cuatro de cada cinco libaneses a la pobreza, según Naciones Unidas.
Nabil Qaouk, miembro del Consejo Central de Hizbulah, reiteró la prioridad nacional y moral de salvar a Líbano del colapso económico y financiero.
El dirigente de la Resistencia islámica libanesa denunció los intentos de la oposición de instigar a la lucha y la guerra civil, mientras Hizbulah y sus aliados intentan impulsar la recuperación.
Condenó la injerencia de Estados Unidos en el proceso de comicios parlamentarios al estimular campañas contra la resistencia y sus candidatos.
Alrededor del 41 por ciento de los cerca de cuatro millones de libaneses inscritos en el padrón electoral ejerció su derecho constitucional el domingo 15 de mayo, para nombrar la unicameral legislatura que en Líbano está dividida a partes iguales entre cristianos y musulmanes.
La nación con costas al mar Mediterráneo enfrenta la peor crisis de su historia moderna como resultado de la impunidad, la corrupción y la desigualdad estructural del sistema político y económico, de acuerdo con Olivier De Schutter, relator especial de la ONU sobre la pobreza extrema y los derechos humanos.
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