En una carta desde Davos, Suiza, donde representa a Castillo en una cumbre económica, Boluarte lamentó profundamente que en su ausencia “se estén levantando argumentos sin fundamento alguno” en su contra porque encabezó un club provinciano siendo ministra de Inclusión Social, pese a que la constitución se lo prohíbe.
Un informe de la Contraloría sostuvo que Boluarte incurrió en infracción constitucional, lo que, según juristas y parlamentarios derechistas, amerita su suspensión, destitución o inhabilitación por entre dos y 10 años para el ejercicio de cargos públicos.
La carta de la vicepresidenta señala que tiene derecho a participar en asociaciones civiles sin fines de lucro y lo hace sin recibir dinero alguno y añade que pidió licencia como presidenta del club Apurímac (su región natal) y como titular de la asociación de clubes regionales.
Ante tal argumento, la Contraloría sostiene que siguió firmando documentos como titular del club Apurímac y como ministra de Desarrollo Social debe dedicarse a esta función en forma exclusiva.
El constitucionalista Omar Cairo señaló que Boluarte incurrió en la infracción como ministra, lo que amerita su cese como tal, y no como vicepresidenta y despojarla de este cargo sería desproporcionado y atentaría contra la estabilidad del país, constantemente quebrada con acciones como la presente.
De concretarse el objetivo de privar a Boluarte del cargo, la sucesión presidencial en caso de la vacancia o renuncia de Castillo –que buscan las fuerzas derechistas del Parlamento- recaería en la titular conservadora del impopular Congreso, María del Carmen Alva.
En ese contexto, el secretario general del cogobernante Partido Perú Libre (PPL), Vladimir Cerrón, “la suspensión del Presidente y la inhabilitación de la vicepresidenta serían un golpe de Estado blando de las clases dominantes”.
Pero, ante esa situación, derechizar el Gobierno hace perder a este identidad política, lo que motiva que las clases dominadas miren al Gobierno con decepción, agregó.
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